El juez Luis Rodríguez acusó al ex ministro de Energía de negociaciones incompatibles con la función pública, y a la titular de la Oficina Anticorrupción de encubrimiento y abuso de autoridad.
El juez federal Luis Rodríguez procesó este viernes al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por encubrimiento y abuso de autoridad.
Además, el magistrado le trabó un embargo de 1,2 millón de pesos al ex presidente de Shell argentina y de un millón a la titular de la OA.
La causa investiga el supuesto beneficio de Aranguren, que aún era dueño de acciones de Shell, con la suba de combustibles que el gobierno autorizó a todas las empresas del sector, y las compras de energía a Chile.
En su resolución, Rodríguez señaló que estas acciones “impedían que Aranguren tuviera participación en el marco de su función pública en las cuestiones que se encontrara vinculada la empresa Shell”.
Además, cuestionó el procedimiento de adquisición de gas oil mediante la delegación propiciada por Aranguren, “esto es virtualmente a cargo del Secretario de Energía Eléctrica en todas sus etapas, por cuanto tendría incidencia en la motorización de las licitaciones, la asignación del elegido y luego, en el marco de su actividad en el Ministerio, en la imputación del pago a la empresa asignada por el mismo”.
Aranguren dejó su cargo en 2018.
Así, le reprochó a Aranguren que sostenga que todas estas operaciones se desarrollaban bajo su desconocimiento “ya que había delegado esta atribución en un dependiente suyo, es como decir que un juez desconoce que va a desarrollar un allanamiento en un organismo público de relevancia, porque ha delegado dicho procedimiento en una división de la policía federal”.
En consecuencia, el juez Rodríguez determinó que la conducta del ex ministro “se erigió en aras de mantener bajo la órbita de su supervisión las operaciones de adquisición de gas oil y fuel oil a favor de Shell, interesándose en el beneficio producido para ésta”.
Ante el análisis del caso, el juez Rodríguez determinó que “se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de Ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación.
Al declarar, Aranguren había asegurado que “nunca” se interesó “por un proveedor sino en beneficio del interés público. No había mayor capacidad en Bolivia y hubo un ahorro de 54 millones de dólares para el Estado”.
El procesamiento a Alonso
El magistrado aseguró que “lo paradójico de este expediente es que Laura Alonso se encuentra a cargo de la Oficina Anticorrupción, es decir, el organismo administrativo que debía controlar la actividad del entonces Ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren”.
Al procesar a la titular de la OA, Rodríguez sostuvo: “Queda claro, por lo tanto, que la imputada se encontraba a cargo de la Oficina Anticorrupción y debía custodiar desde dicho ámbito el respeto de las previsiones de la ley de Ética Pública como aquellas cuyo compromiso internacional asumiera nuestro país en la Convención Interamericana Contra la Corrupción”.
Por ello, Rodríguez señaló que Laura Alonso “efectuó distintas recomendaciones que no vendrían al caso y que tendrían por destino brindar una apariencia de legalidad a la conducta llevada a cabo por Aranguren durante su función” y consideró que “la maniobra se torna evidente de solo observarla, en cuanto una entidad administrativa de importancia contra la corrupción deliberadamente omitió tomar conocimiento de los hechos aquí investigados y realizó medidas de prueba superfluas, lo cual a la postre fue utilizado en la causa criminal por el imputado para peticionar un temperamento liberatorio.”.
La semana pasada, la titular de la OA negó las acusaciones y sostuvo: “No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria en autos. El Ministerio Público Fiscal no ha formulado ninguna imputación concreta a mi respecto, pese a lo cual fui convocada a sentarme en el banquillo de los acusados, sin que existan razones válidas para ello”.
“Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado”, añadió la funcionaria en su descargo escrito ante el juez Rodríguez.
La investigación
La causa se inició en 2016 con la denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria Martin Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes sostuvieron que “el aumento del valor del gas pagado a los productores en la República Argentina” impactaría positivamente en el patrimonio del ministro, porque “es titular de más de 13 millones de pesos en acciones de la empresa” Shell S.A.
Doñete y Tailhade sostuvieron además que “el ministro Aranguren y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minería de la Nación han provocado una serie de actos perjudiciales para el Estado nacional en el marco de un desempeño incompatible con la función pública, justamente los que venimos a denunciar, con posterioridad a la presentación” ante la Oficina Anticorrupción.
En el expediente se remarcó que con la “la decisión estratégica” del Ministerio de Energía “de importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso, el gasoducto con Bolivia por ejemplo”, se “puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado), la mayor proveedora de Gas del vecino país trasandino”.
Las sospechas sobe el ex ministro son que podría haberse favorecido con el incremento de las tarifas de gas “al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista”.
Después de declarar ante Rodríguez, el ex ministro había dicho que el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras. “El periodo 2016-2017 que es producto de la imputación es el Plan Gas diseñado por la anterior gestión. El incremento de precio que sufrieron los usuarios residenciales permitió una reducción de los subsidios”, explicó.
Por otro lado, en su defensa, argumentó: “Nunca me interesé por un proveedor sino en beneficio del interés público. No había mayor capacidad en Bolivia y hubo un ahorro de 54 millones de dólares para el Estado“, añadió.
Esta es una de las tantas causas que se reactivaron contra el gabinete de Mauricio Macri a días de que deje la Casa Rosada.