Ha pasado mucha agua debajo del puente. Después del escándalo en que terminó aquella sesión extraordinaria en la que con cinco ediles se cambió la conducción del Concejo Deliberante, se hizo asumir a un concejal que estaba siendo investigado por un supuesto hecho de corrupción, y se sancionaron ordenanzas solicitadas por el Ejecutivo municipal de Yerba Buena, el amparo presentado por cuatro concejales que pertenecen a Cambiemos, sigue durmiendo el sueño de los justos.
Si se habla de tiempos, un amparo judicial debe resolverse de manera urgente, aunque no se establezcan plazos específicos. Sin embargo, en la interpretación judicial que les tocó en suerte a los ediles denunciantes, Benjamín Zelaya, Maximiliano García, Lucas Cerúsico y Pedro Albornoz Piossek, no hay lugar para una definición inmediata –la sesión en cuestión ocurrió los últimos días de diciembre- sino que se alude a una supuesta cuestión de fondo que es la que debe resolverse con mayor análisis.
Lo cierto es que en el presente, el Concejo Deliberante yerbabuenense funciona con una mesa de conducción surgida de una sesión en la que resultaba imposible dar el quórum para que funcionara dentro de los marcos legales. O sea que el actual presidente, el ultra alperovichista Héctor “Pilón” Aguirre, quien pasó de denunciar a Campero a ser su aliado, no tendría el aval legal para estar ejerciendo ese rol dentro del cuerpo deliberativo, lo mismo que el resto de los que integran la mesa de autoridades.
Esa cuestión de fondo de la que tanto se habla en el presente y que no puede dilucidarse, por más que los hechos son concretos y se encuadran en un gravísimo ataque a las instituciones y a la división de poderes garantizada por la Constitución Nacional. El intendente Mariano Campero y los concejales que le responden, han incurrido en todo lo contrario a lo que decían pregonar cuando hacían campaña electoral y se vestían de “Cambio” frente a sus electores.
La difusión del caso a nivel nacional, a través del programa ADN (C5N), no hace más que señalar el desprecio que tiene “Cambiemos” en Yerba Buena, por el contralor que debe ejercer el Concejo Deliberante con respecto a los actos de Gobierno. El viejo Campero, aquel que era concejal y exigía controlar a su antecesor, Daniel Toledo; ahora se ha transformado en el nuevo Campero, ese que desde la Intendencia no quiere que se lo controle ni se le pidan cuentas de sus actos de Gobierno.
Las cartas están echadas. Lo que se trata en el recinto pueda que no tenga validez, si esa bendita cuestión de fondo, le es desfavorable a los camperistas y ultra alperovichistas que se asociaron para manejar el Concejo Deliberante. ¿Qué pasará entonces?