El radical observó inconsistencias en las estadísticas ofrecidas por Maley y advirtió que el ministro continúa aplicando las viejas recetas que ya fracasaron.

La Comisión Especial de Emergencia en Seguridad y Control de las Distintas Acciones Políticas y Programas en el marco de la Seguridad Pública recibió hoy la visita del ministro de Seguridad, Claudio Maley y su equipo a fin de exponer su informe cuatrimestral.

En su intervención, el secretario de la comisión interpoderes, Fernando Valdez comenzó cuestionando la entrega del informe sólo 48 horas antes de la reunión, mientras que las preguntas específicas de los miembros de la comisión recién fueron repartidas al inicio de la reunión. “Tuvimos poco para estudiar el informe del ministerio. Ahora en la comisión lo exaninaremos minuciosamente para expresar una opinión oficial. Personalmente noté algunas inconsistencias preocupantes, como ser las estadísticas de los delitos que no coinciden con el informe del gobierno nacional a través del informe de Política Criminal. Tampoco nos dice el informe cómo estábamos hace una década, cómo estamos ahora y cuáles son los objetivos para los próximos de acuerdo al Plan Estratégico presentado por el ministro”, puntualizó el legislador.

“Pero además, el informe no contiene ninguna información de carácter reservado, por lo que no había ninguna razón para que la comisión sesione en forma secreta. El secretismo no es una cualidad de los órganos parlamentarios. Si bien ésta es una comisión interpoderes, fue creada y funciona claramente en el ámbito y con las normas de la Legislatura provincial. Y además, el informe cuatrimestral del ministro está destinado a ser público”, denunció el radical para luego agregar: “La desconfianza de la población en los actores y políticas que abordan la seguridad son en gran parte consecuencia de este hermetismo al que histórica y lamentablemente se sujeta a los datos y estadísticas que deberían ser de público acceso para la sociedad toda”.

Mecheras

En otro tramo de la reunión, Valdez se refirió al caso de la Marisa Suárez Carrillo, periodista de radios Ciudad y Del Plata, quien realizó un trabajo de investigación sobre un grupo de mecheras y al ser descubierta fue agredida y ahora sufre una serie de persecuciones y amenazas. “Tuvimos que poner un abogado de mi equipo para que la auxilie judicialmente y realizamos un pedido de protección en la fiscalía. Pero esto habla de una deficiencia del funcionamiento del modelo policial en un tema básico e histórico de este tipo de hechos delictivos. Y una falla también del sistema judicial, que no apela a la herramienta de la prisión preventiva”, destacó.

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