Allanan las propiedades de Cristina Kirchner en Recoleta y Río Gallegos

Los operativos policiales para allanar las tres propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner comenzaron durante el mediodía de este jueves, luego de la autorización del Senado para cumplimentar el pedido del juez Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida como cuadernos de las coimas.

El primer domicilio allanado, con un importante despliegue de efectivos de la policía federal y gendarmería, personal de la división explosivos y canes, fue el de Recoleta, ubicado en Juncal 1306. En las inmediaciones del lugar hay al menos 50 militantes de Unidad Ciudadana, aunque la ex mandataria no se encuentra en el interior, ya que decidió esperar en la casa de su hija Florencia.

El mismo procedimiento se inició en Río Gallegos a las 14.45, en la calle Mascarello 441, mientras se espera que ocurra lo propio en El Calafate, en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches.

Ayer, en la intersección de las calles Uruguay y Juncal, alrededor de 300 militantes siguieron en sus celulares la sesión del Senado frente al departamento de Cristina Kirchner.

CFK, una de las últimas oradoras de la sesión, habló más de 40 minutos y basó su defensa en críticas hacia el Gobierno. También dejó en claro que no está arrepentida de nada: “No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir o convencer de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la República Argentina”.

Horas antes de la sesión, la ex jefa de Estado le había pedido al Senado que autorizara los allanamientos y planteó una serie de exigencias con la intención de condicionar al juez Bonadio.

Sin embargo, ninguno de estos requerimientos quedó plasmado en el texto que se aprobó. De hecho el segundo punto, que disponía que el magistrado “deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro”, fue rechazado por el Frente para la Victoria y otros peronistas.

El artículo completaba que debían respetarse “los derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la intimidad; ello así advirtiendo que se trata de un deber en todos los casos, en el marco de medidas de orden restrictivo como la presente y en particular atención a tratarse de una senadora de la nación que fue dos veces presidente de la República”.

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