La investigación sobre la usurpación y venta ilegal de terrenos en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar, dio un giro inesperado en las últimas horas. Durante los allanamientos en las casas de los principales investigados, se hallaron documentos que sugieren un modus operandi similar aplicado en El Cadillal, otra villa turística tucumana que ha sido escenario de reiteradas usurpaciones de tierras fiscales.
El hallazgo clave fue una carpeta con documentación similar a la utilizada en la maniobra conocida como “Loteo Gaucho Castro”, lo que despertó sospechas de que la misma organización podría haber operado en ambos lugares. Ahora, el Ministerio Público Fiscal evalúa si unifica las causas o si la investigación sobre los terrenos de El Cadillal queda bajo jurisdicción del Centro Judicial Capital.
Estructura delictiva
El fiscal Miguel Varela sospecha que la estructura delictiva operaba de la misma manera en ambas zonas. Primero, los implicados identificaban terrenos fiscales que podían ser ocupados y, antes de obtener cualquier tipo de autorización legal, los comercializaban ilegalmente. Luego, mediante trámites irregulares, generaban documentación sin validez jurídica para convencer a los compradores de que los terrenos tenían papeles en regla.
En ambas investigaciones, hay un factor común: la participación de personas vinculadas a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, lo que refuerza la hipótesis de que el fraude no se limitaba a una sola localidad.
Los nuevos indicios comprometen aún más a los acusados. En una de las carpetas secuestradas, se halló un documento que demostraría que Juan Pablo Castro, titular del loteo, no era un mero espectador de la maniobra. Según la investigación, Castro, de 85 años, habría cedido parcelas a Rafael Trujillo, un empleado de Regularización Dominial actualmente suspendido. Luego, Trujillo habría hecho lo mismo con su nuera, Yanina Mamaní, quien firmó varios boletos de compraventa presentados ante la Justicia.
Escrituración de terrenos
Otro de los nombres que quedó en la mira es el de Fernando Rogel Chaler, cuya firma apareció en un documento en el que se tramitaba la escrituración de un terreno perteneciente a la Provincia. Chaler negó cualquier vinculación y aseguró que la firma en el papel comprometedor no era la suya, ni podía confirmar si el sello utilizado era el oficial.
El fiscal Varela evalúa imputar formalmente a los seis sospechosos:
Juan Pablo Castro
Rafael Trujillo
Fernando Rogel Chaler
Yanina Mamaní
Damián Romano (nieto político de Castro)
Maximiliano Barreiro
Se los acusa de usurpación y estafa reiteradas, aunque no se descarta que también enfrenten cargos por asociación ilícita en futuras audiencias. El fiscal aún no ha decidido si pedirá prisión preventiva para los involucrados, una decisión que quedará en manos del juez interviniente.
Más allá de las imputaciones, uno de los objetivos centrales del caso es la restitución provisoria de los terrenos ocupados. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ya presentó pruebas contundentes sobre la titularidad provincial de los terrenos, y solicitó que la Dirección de Flora y Fauna se haga cargo de su custodia.
Si el juez acepta el pedido, el Estado podría recuperar en tres meses parte de la zona protegida, un trámite que, en el pasado, solía demorar años.
La investigación continúa en marcha y, con el nuevo giro que apunta a El Cadillal, las dimensiones del fraude podrían ser aún mayores de lo que se creía inicialmente.