El director del Observatorio de Servicios Públicos de Tucumán, Alejandro Catella, aseguró que son miles los tucumanos que se acercan para reclamar por la calidad de los servicios públicos.
“Nos pusimos a disposición de Sergio Antonio Cuozzo para realizar todas las acciones necesarias para encontrar una respuesta a su situación. Él, como muchos tucumanos, acudió cansado de pagar un servicio deficiente como el de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), y de hacer reclamos que, en muchos casos, no conducen a nada o terminan en la realización de obras que no dan ninguna solución al problema”, explicó Catella.
El vecino del barrio El Bosque había comenzado a reclamar por la calidad del servicio de agua potable hace cinco años. Luego de reclamar ante la SAT, el Ente Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y la Defensoría del Pueblo, acudió a la Justicia y logró un amparo a su favor.
“Es aberrante que esta empresa, controlada por el Gobierno provincial, no brinde adecuadamente un servicio público declarado un derecho humano y que ignore una medida judicial como si nada”, cuestionó Catella, dirigente del radicalismo. Y agregó: “pedimos al gobernador (Juan) Manzur que intervenga en esta situación y que haga que se garantice la continuidad del servicio a todos los tucumanos que están en la misma situación”.
El legislador radical José María Canelada apuntó al gobernador Manzur por la calidad de servicio que presta la SAT. “Queremos saber qué opina Manzur de este tema. Sería muy extraño que el gobernador diga estar en contra del aumento de las tarifas, pero cuando tiene herramientas en sus manos para evitar que las tarifas de los tucumanos suban, mire al costado y permita que ocurra. No se trata de montos, sino de coherencia”, cuestionó el presidente de la bancada Unión Cívica Radical en la Legislatura.
El opositor había presentado un planteo de nulidad cuando se realizó una audiencia por el Ersept para aumentar la tarifa de la SAT. Canelada había impugnado la audiencia porque insistía en que el directorio del ente estaría constituido ilegalmente, porque su mandato se venció y se prorrogó por decreto. Entre otras irregularidades, cuestionaban que un informe solicitado por la SAT fue pedido a una consultora cuyo dueño actualmente forma parte de la SAT.
Fuente: La Gaceta