Se desbarató en Tucumán una red de médicos y empleados del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), acusados de estafar al Estado Nacional, emitiendo recetas del PAMI y otras que eran asignadas a médicos de cabecera, todas mal autorizadas con colaboración de personal de la Unidad de Gestión Local de Tucumán, en particular, por la Agencia Banda del Río Salí. Se estarían pagando dos alquileres al mismo tiempo.
Todo lo hacían sin cumplir con el correspondiente circuito administrativo y presentarlas en las farmacias locales para la adquisición de medicamentos que luego serían distribuidos y vendidos a través de distintos sistemas entre ellas una sociedad denominada Sistema Integral de Servicios. Para ello pedían a los afiliados que pagaran una cuota de $5 por mes.
Con conexiones políticas
Los delitos involucran a profesionales con conexiones políticas y empresariales.
La “Agencia Banda del Río Salí” del PAMI, en los últimos 12 años estuvo atravesada por una serie de delitos en contra del Estado Nacional según los resultados de investigación federal.
Alquiler y desalojo
No fue el único antecedente en su historia para la Agencia Banda del Río Sali. Entre mediados de 2017 y comienzos de 2018, hubo inconvenientes entre el locatario y PAMI, ya que se produjo una mora de 6 meses en el pago del alquiler, por lo que el propietario del local, procedió a iniciar un juicio y posterior de desalojo de la sucursal. El monto mensual del alquiler en ese entonces era de $21.000.
Nueva licitación
Pese a ello, el mismo propietario que le inició el juicio y desalojo a la sucursal del PAMI de la Banda, luego se presentó a una licitación para renovar su vínculo contractual (Concurso Privado N° 001/2018), concurso al que también se presentó otra persona a cotizar ofreciendo un local en carácter de locación en la ciudad de Banda del Río Salí.
Nuevo oferente
La apertura de la licitación se llevó a cabo el 29/01/2018, resultando mejor oferta la del nuevo oferente. Pero el mismo tuvo que esperar 10 meses para celebrar el contrato de locación ante las diversas trabas impuestas por las autoridades del local de Banda del Río Salí con todo el daño y perjuicio ocasionado.
El contrato con el nuevo “locador” está en vigencia desde noviembre de 2018 y en su transcurso se llegaron a acumular 6 meses impagos, lo que se mantiene. Además; el PAMI nunca procedió al pago de los servicios correspondientes a partir el momento de entrega de las llaves del local y a la fecha sigue en mora en todos estos ítems.
Daños y perjuicios
El PAMI comenzó a realizar obras de infraestructura para trasladarse, pero con el cambio de autoridades desistieron de hacerlo, desmantelando instalaciones existentes y modificando el inmueble, con el perjuicio que ocasiona el hecho de tener un local que se está destruyendo por el abandono de más de dos años.
El nuevo locador tiene documentados todos los incumplimientos y las correspondientes denuncias; sin embargo hasta aquí nunca recibió respuestas de las autoridades del PAMI.
Lo peor de todo, es que se “estarían” pagando dos alquileres al mismo tiempo, con todo lo que ello significa para el erario nacional.