Está en juego la confirmación o no de la condena contra la ex presidenta en la causa Vialidad por corrupción en la obra pública, una decisión que podría modificar por completo el escenario político del año.
La Corte Suprema atraviesa días clave para resolver el expediente más sensible del calendario político y judicial del país: la causa Vialidad. El tribunal debe decidir si confirma o no la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la obra pública durante sus gobiernos. Se trata de una decisión que puede modificar por completo el escenario electoral del año. La próxima reunión plenaria es el martes 10 de junio.
Aunque ninguna decisión es definitiva hasta que está firmada, todo indica que la Corte se encamina a ratificar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de 2024 (el máximo tribunal penal del país) que a su vez confirmó las condenas impuestas por el TOF 2 en 2022. Según fuentes del tribunal, sería invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que permite rechazar recursos extraordinarios sin reabrir el caso.
Fuentes del tribunal aseguran que se estaría analizando firmar un fallo basado en ese artículo (que deja firme la sentencia apelada) pero con votos fundamentados, dado la trascendencia institucional del caso.
Respecto a la posición de cada uno de los tres jueces, habría un voto con argumentos propios de Horacio Rosatti, uno también propio de Ricardo Lorenzetti, en tanto el tercer juez, Carlos Rosenkrantaz, podría coincidir con los argumentos de Rosatti o redactar un voto aparte pero en el mismo sentido.
En su momento circuló la versión de que Rosenkrantz estaba analizando la posibilidad de revisar la condena, en coincidencia con la opinión del Procurador Eduardo Casal, pero esa opción habría sido descartada.
Hasta las manos
La sentencia en el caso Vialidad no admite la disidencia de alguno de los integrantes del tribunal. De los cinco jueces de la Corte, solo tres están actualmente en funciones: Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, tras el retiro de Elena Highton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda. Eso implica que cualquier resolución requiere unanimidad. Caso contrario, como ocurrió con la causa conocida como “la ruta del dinero K”, habría que convocar a dos conjueces.
En este escenario, los tiempos políticos imprimen una presión extra a un tema de enorme trascendencia institucional. Es porque Cristina confirmó hace pocos días su candidatura como diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires. Lo hizo antes del cierre de listas, previsto para el 19 de julio, en una jugada estratégica: si logra ser oficializada antes de que la Corte dicte sentencia, obtendría fueros provinciales que impedirían su arresto inmediato y bloquearían la aplicación efectiva de la inhabilitación.
El calendario electoral es determinante. La presentación de candidaturas nacionales vence el 17 de agosto, pero la de los comicios provinciales, donde Cristina competirá, se cierra casi un mes antes. Por eso, el margen de acción para que la decisión de la Corte sea de cumplimiento efectivo se acorta día a día.
Aunque la condena aún no está firme, la decisión del tribunal ya genera tensión dentro del oficialismo y en el entorno presidencial. El gobierno de Javier Milei también observa de cerca el expediente, y algunos sectores consideran que la polarización con el kirchnerismo le resultaría funcional: mantener a Cristina en carrera política para agitar la bandera del pasado, la corrupción y la confrontación directa con una figura que divide aguas.
El tribunal se encuentra en un momento delicado: cualquier decisión tendrá consecuencias políticas, jurídicas e institucionales. En el centro de esa tormenta está Cristina Kirchner, con un pie en la campaña y el otro en el banquillo.
fuente: infobae