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Una fuerte polémica urbanística y política se proyecta en Yerba Buena, a partir de un decreto firmado por el intendente Mariano Campero, violando el Código de Planeamiento Urbano del municipio, para modificar las condiciones de construcción en la histórica Villa Marcos Paz.

El decreto N° 776 firmado por Campero, lleva fecha del jueves 25 de noviembre del año pasado, pero recién se hizo público ahora.

El decreto modifica el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad, en el área histórica.

“Defínase en las 25 manzanas que conforman la antigua Villa Marcos Paz, delimitada por avenida Aconquija hacia el norte, Boulevard 9 de Julio hacia el sur, calle Anzorena al este y calle Belgrano al oeste (…) un nuevo valor a los coeficientes FOS y FOT para emprendimientos en propiedad horizontal, tanto en obras nuevas como en ampliaciones y/o remodelaciones”, dice el artículo 1 del decreto.

Los coeficientes mencionados mediante sus siglas significan Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y Factor de Ocupación Total (FOT). Ambos, en conjunto, eterminan el porcentaje máximo del terreno a ocupar con una edificación en planta baja.

El artículo 5 del documento, que también firmó Fernando López García -subsecretario de Infraestructura Pública, a cargo de la Secretaría de Planificación y Gestión de Infraestructura Pública y Servicios Urbanos- habilita la posibilidad de que se construya hasta una altura de seis metros.

Inmediatamente conocido el contenido del decreto, el concejal peronista Alejandro Sangenis le mandó a Campero una carta documento.

“Proceda a declarar la nulidad absoluta e insanable al decreto 776 dictado por el intendente en violación del Código de Planeamiento Urbano y en forma claramente incompetente (…) y en violación del artículo 25 incico 28 de la Ley orgánica de Municipalidades que manda: ’son atribuciones y deberes del Concejo Deliberante (…) fijar la altura de los edificios particulares y las delimitaciones de la ciudad’”, dice el texto firmado por Sangenis.

El concejal advierte que irá a sede judicial en caso de que Campero no anule el decreto en cuestión. “Me reservo derecho de formular denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal”, finaliza el edil.

 

 

fuente: contexto

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