La Justicia citó a declarar al albañil que señaló a Barrionuevo como el dueño de la constructora Marán.
Los expedientes del “caso Viviendas” ya acumulan más de 30 cuerpos, es decir, hay cerca de 6.000 hojas que contienen documentos oficiales, declaraciones, tasaciones e informes acerca de una serie de presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y en el patrimonio de algunos de sus funcionarios. Pero todo indica que esa cifra seguirá creciendo.
Así lo deslizaron fuentes judiciales, que aseguraron que Alberto Flores -ex empleado de la constructora Marán- fue citado para que declare en la sede penal de Tribunales. El miércoles, en una entrevista, Flores explicó que trabajó durante seis años como albañil de Marán. Esta empresa recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones y pertenece, legalmente, a Sebastián y Martín Nieva, sobrinos políticos de un coordinador de la repartición: Lucas Barrionuevo, actualmente detenido por enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, Flores señaló al funcionario como el verdadero dueño de la constructora. “Él se encargaba de toda la logística; él dirigía todo”, enfatizó antes de agregar que, además, hubo veces en las que Barrionuevo le pagó en la mano su salario. El albañil fue despedido en diciembre de 2017 y hoy mantiene una disputa legal para cobrar la indemnización que, según afirma, le corresponde.
Para respaldar sus afirmaciones, Flores cuenta con diversos documentos. Por un lado, conserva una planilla de control interno de Marán en la que figura que una de sus máquinas fue utilizada en el country Los Olivos, donde Barrionuevo tiene una casa que es clave en la investigación judicial en su contra. También contó que durante más de un año trabajó para Marán con un camión que Barrionuevo fue autorizado a conducir ante escribano público y al que, además, el funcionario le pagaba el seguro.
Esta causa judicial comenzó en julio de 2017, cuando la fiscala Adriana Giannoni abrió una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en el Ipvdu. Tras un año en el que se tomaron diversas medidas, hoy dos de los investigados están detenidos por presunto enriquecimiento ilícito: Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, ex coordinador de Políticas Habitacionales del Ipvdu.
El lunes vence el plazo de la Justicia para requerir la prisión preventiva de los dos detenidos. Por otra parte, el juez de instrucción todavía no ha dictado una resolución sobre el pedido de eximición de prisión planteado por los abogados de los imputados.
En ese marco, la semana que viene debería haber novedades sobre el caso que podría complicar a más gente del gobierno de José Alperovich.
Fuente: la gaceta