El gobierno de Mauricio Macri finalizará su mandato con un nivel de pobreza en la Argentina del 40,8% de personas afectadas por este flagelo y un 8,9% de indigentes.
Los datos corresponden al tercer trimestre de este año y se desprenden del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) donde se muestra una dura realidad respecto a otros años: la tasa de pobreza registra una fuerte alza en relación al año 2018 y al 2017, alcanzando los valores más altos de la década.
Según el informe de la UCA, se estima que al tercer trimestre de este año el 32,1% de los hogares y un 40,8% de las personas se encuentran afectados por la pobreza.
Estos índices implican que 16 millones de argentinos viven en la pobreza y 3,6 millones en la indigencia. La cifra resulta más alarmante si se tiene en cuenta que el 59,5% de los niños y adolescentes están comprendidos en la pobreza, con lo que son unos 7 millones de hogares de este grupo etario castigados.
Los niveles de inseguridad alimentaria severa registrados por la UCA también aumentaron: pasaron del 7,9% en el 2018 a 9,3% este año.
Estos datos se sustentan en las mediciones de pobreza por ingreso aunque también se midió en base a datos multidimensionales como la alimentación, salud, servicios básicos, vivienda digna y educación, entre otros.
“La pobreza afecta con más intensidad a los segmentos sociales de trabajadores marginales y el de obreros y empleados, así como a los hogares del conurbano bonaerense”, señala el trabajo coordinado por el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia.
En los tres casos de segmento poblacional afectado, la pobreza se viene incrementando de manera significativa desde el 2013-2014, alcanzando en el tercer trimestre de 2019 los valores de 66,4%, 51,8% y 51,1% de la población, respectivamente. Es decir que en este caso los trabajadores marginales fueron los más castigados. Al mismo tiempo, después de 2017 se remarca en el informe de la UCA un aumento importante en la tasa de pobreza de los segmentos de clase media no profesional: de 4,9% a 14,2%.
La pobreza también afecta más fuertemente a los niños y adolescentes de 0-17 años y a los jóvenes de 18 a 29 años, y en menor medida a la población de 60 años y más. Así la encuesta de la UCA realizada sobre 5.800 casos de poblaciones urbanas superiores a los 80.000 habitantes en la Argentina, estima que durante el tercer trimestre de 2019, el 59,5% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, siendo esa tasa la más alta de toda la serie.
El informe revela en este sentido que “la incapacidad de alcanzar una Canasta Básica Total en el conurbano bonaerense es mayor en comparación con el resto de las regiones urbanas. En el otro extremo, es la Ciudad de Buenos Aires la que evidencia menor riesgo de pobreza”. En el conurbano bonaerense los niveles de pobreza por ingreso se ubicaron en el 42% mientras que en la CABA en el 31%.
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En términos de evolución, se menciona que los comportamientos durante el período considerado no presentan tendencias favorables en lo que respecta a las desigualdades existentes entre regiones urbanas.
Según Salvia, la tasa de pobreza se encuentra fuertemente asociada al estrato económico-ocupacional del principal sostén del hogar. Es decir que, en los años analizados, la pobreza por ingresos fue más elevada en las unidades domésticas cuyo principal sostén pertenece a la clase trabajadora marginal o a la clase obrera integrada. En el extremo opuesto, la pobreza es casi inexistente en los hogares correspondientes a la clase media profesional. Se destaca un aumento superior al promedio en las tasas de pobreza entre 2018 y 2019 en los hogares de clase obrera integrada.
Por otra parte, los datos de la UCA revelan una fuerte asociación entre la cantidad de carencias en las dimensiones de derechos y la proporción de hogares/población en condición de pobreza. Mientras que entre los hogares sin carencias en dimensiones de derechos, la pobreza es de un dígito en toda la serie analizada, el porcentaje de personas en situación de pobreza alcanza a alrededor del 72% entre los hogares con tres carencias o más. La fuerte correlación entre la cantidad de carencias en dimensiones de derechos y la insuficiencia de ingresos para cubrir la Canasta Básica Total es altamente significativa en todo el período analizado.
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Salvia destacó que el informe se les dio a conocer tanto a las autoridades actuales como al gobierno entrante. “No hay un compromiso político con ningún gobierno sino que se trata de un estudio científico que esperemos que estos datos sirvan para generar conciencia en la dirigencia política para encarar las mejores políticas”.
Indigencia en alza
Según los datos de la UCA, en el tercer trimestre de 2019, la tasa de indigencia registró una fuerte alza con respecto tanto al año 2018 como a 2017, alcanzando los valores más altos de la década. Al respecto, se estima que 6,5% de los hogares y 8,9% de las personas se encuentran afectados por la indigencia.
En este sentido, el informe revela que la indigencia afecta con más intensidad a los segmentos sociales de la clase trabajadora marginal y a los hogares del conurbano bonaerense. En ambos casos, es donde la indigencia se incrementó de manera significativa a partir de 2013-2014, alcanzando en el tercer trimestre de 2019 valores de 22,1% y 12,0% de la población, respectivamente. Destaca también el aumento reciente en la tasa de indigencia en el segmento de obreros y empleados: de 4,5% a 8,5%.
La indigencia afecta también más fuertemente a los niños y adolescentes de 0-17 años y a los jóvenes de 18 a 29 años, y en menor medida a la población de 60 años y más. La UCA estima que durante el tercer trimestre de 2019, el 14,8% de los niños/as y adolescentes vivían en hogares con ingresos por debajo de la línea de indigencia, siendo esa tasa la más alta de toda la serie.
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En la evaluación de los datos aportados, Salvia remarcó que “a pesar del crecimiento económico, las políticas de protección del mercado interno y la ampliación de las políticas sociales, con cada ciclo económico se reproducen barreras productivas estructurales que ponen límites a la caída de la pobreza y a procesos de convergencia a nivel social y regional”.
El informe de la UCA revela en este sentido que tanto la desigualdad persistente como la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo desequilibrado con efectos de exclusión, marginalidad y desigualdad a nivel socio-cultural, socio-demográfico y socio-ocupacional.
Si bien se expande por momentos la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren “derrames” hacia los sectores menos dinámicos sino que hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno.
También el informe de la UCA pone relevancia en que la actual crisis 2018-2019 –al igual que en 2008, 2014 y 2016– no ha sido destructiva del sistema productivo ni financiero formal. Sin embargo, han sido “corrosivas para la micro, pequeña y mediana empresa, así como para los sectores de la economía social”. El principal mecanismo de transmisión de este deterioro es la retracción del mercado interno y de las capacidades productivas del sector informal.
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Hacia adelante, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA revela que si bien es “muy probable” que durante el cuarto trimestre se llegue a un piso de coyuntura crítica en materia socio-económica y socio-ocupacional, la reactivación no parece ser una reacción factible en el corto plazo.
En tanto se mantenga la actual política recesiva, señala la UCA, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral, y por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza.
Con vistas a lo que puede deparar la política social del nuevo gobierno de Alberto Fernández, el informe de la UCA dice que “un cambio de rumbo estructural no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno”.