Luego de semanas de discusión, los jueces Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton de Nolasco llegaron a un acuerdo para confirmar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli en los tribunales de los cuales habían sido desplazados por el gobierno hasta que el Consejo de la Magistratura realice nuevos concursos. En esta nota, un adelanto del voto de la mayoría.
La Corte Suprema de Justicia finalmente dictará una sentencia en el per saltum iniciado por los jueces que investigaron la corrupción del kirchnerismo y fueron desplazados por el gobierno nacional. De no haber cambios, el máximo tribunal confirmaría provisoriamente en sus cargos a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli hasta que el Consejo de la Magistratura realice nuevos concursos.
Para entender el alcance de la decisión que debaten los ministros y ya habría alcanzado una mayoría, hay que retrotraerse a la gestión de Cambiemos, cuando el entonces presidente Mauricio Macri dispuso el traslado de estos tres magistrados para cubrir vacantes en la Justicia Federal. Tras la asunción de Alberto Fernández en el poder, la metodología fue impugnada por el Consejo de la Magistratura, que ordenó revisar las designaciones de 10 jueces por esta vía.
El trámite pasó al Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se presentaron a defender sus nombramientos y el jefe de Estado ordenó por decreto dejar sin efecto los traslados.
Los jueces afectados por la decisión presidencial iniciaron una estrategia legal que incluyó un pedido para que la Corte Suprema tomara el tema y dirimiera la cuestión. En una primera instancia, el máximo tribunal habilitó la discusión del per saltum –una vía excepcional– y dispuso que los magistrados continuaran en los cargos objetados hasta tanto se definiera la cuestión de fondo. Esa decisión podría conocerse mañana, martes, o a lo sumo el miércoles.
La discusión técnica en el seno de la Corte gira en torno a varios aspectos. El primero es una acordada del propio tribunal que validó los traslados dispuestos por Cambiemos y en el caso puntual de Bruglia estableció: “No es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme al artículo 9, inciso 4, de la Constitución”. Si bien ahora se ratificaría la validez de los traslados, se agregaría un límite legal para que los gobiernos no abusen de esa potestad.
Hay un antecedente que explica el espíritu de la decisión: durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó dispuso el traslado de fiscales sin que se realizaran los concursos pertinentes hasta que la Corte dictó la invalidez de ese mecanismo.
Ahora, la barrera legal a los traslados discrecionales de jueces estaría dada por la realización de los concursos para la designación de jueces naturales de acuerdo al procedimiento dispuesto en la Constitución Nacional. Bruglia, Bertuzzi, Castelli y el resto de los jueces que se encuentran en una situación similar tendrán la posibilidad de presentarse a concursar y eventualmente quedarse con el puesto.
fuente: infobae