El exgobernador de Tucumán ahora enfrenta una pena de 14 años de prisión por abuso sexual, dos menos de lo que le habían impuesto en el juicio.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal redujo de 16 a 14 años la pena de prisión contra el exgobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, por abuso sexual.
La decisión, plasmada en un fallo de 636 páginas, se tomó por mayoría entre los jueces Horacio Leonardo Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin. Este último magistrado, en su voto minoritario, consideró que lo correcto era anular la sentencia y rehacer el juicio. Esto abrió una ventana para la defensa del exfuncionario, que reclamará en esa línea cuando apele ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, según adelantaron fuentes del caso.
Asimismo, el fallo ratificó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Alperovich cumple su prisión domiciliaria en un departamento ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, en virtud de su edad y sus problemas de salud.
En noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 a cargo de Juan María Ramos Padilla lo había declarado culpable por nueve hechos de abuso sexual cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La víctima es su sobrina segunda, quien se desempeñó como su secretaria privada y asesora mientras él ejercía como senador nacional.
La reducción de la pena
Los jueces Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse conformaron la mayoría que rechazó la nulidad del juicio —tal como había pedido la defensa, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi— y confirmó la condena por los delitos de violencia sexual. Ambos magistrados sostuvieron que el TOC N° 29 valoró de forma adecuada el material probatorio y alcanzó la convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Días y Sarrabayrouse descartaron la existencia de un “sesgo de confirmación” en el juez Ramos Padilla. Y sostuvieron que los argumentos de la defensa que ponían en tela de juicio la conducta de la víctima —como el hecho de seguir trabajando con el acusado o asistir a eventos sociales tras las agresiones— se basaron en estereotipos de género y concepciones arcaicas.
Los jueces de la mayoría validaron el relato de la denunciante al señalar que no se trató de un testimonio “huérfano”, sino que estuvo respaldado por pruebas periféricas de relevancia.
Por último, en la revisión de la condena se dio por probado que el exgobernador utilizó su poder político, económico y familiar para someter a la víctima, aprovechándose de la asimetría de la relación laboral y de la dependencia funcional.

A pesar de confirmar la culpabilidad de Alperovich, los jueces Días y Sarrabayrouse decidieron modificar la pena y reducirla dos años. Tomaron esta determinación al detectar un error constitucional en la dosificación de la sanción realizada por el juez Ramos Padilla.
La Cámara de Casación explicó que el magistrado valoró de forma negativa para la pena el contenido del descargo del imputado, específicamente su estrategia de sostener que era víctima de una operación política y de un intento de extorsión. Los camaristas señalaron que el acusado no tiene la obligación de decir la verdad y que toda estrategia procesal lícita es válida en el marco del derecho de defensa. Por lo tanto, cargar el tenor de su defensa a la cuenta de la pena de prisión representó una afectación a las garantías constitucionales que debió corregirse.
No obstante, el tribunal mantuvo una serie de agravantes que justificaron mantener la pena significativamente por encima del mínimo legal de seis años. Entre estos factores se computaron:
- La extensión temporal de los abusos y la reiteración de los hechos.
- La realización de las agresiones sexuales sin el uso de profilaxis, lo que expuso a la víctima a riesgos de embarazo y transmisión de enfermedades.
- El inmenso poder e influencia que ostentaba el condenado por los cargos públicos que ocupó, lo que incrementó el reproche penal debido a su condición de funcionario.
- La defraudación de las expectativas de cuidado y protección derivadas del vínculo familiar y laboral.
- El ofrecimiento de dinero a través de intermediarios para intentar evitar que se formalizara la denuncia.
- La difusión pública del nombre y apellido de la denunciante en redes sociales por parte de Alperovich cuando el caso tomó estado público, lo que constituyó una nueva revictimización.
Como circunstancias atenuantes, la sala únicamente contempló la edad del imputado, sus afecciones médicas y el acompañamiento de su núcleo familiar durante el proceso.
Nulidad y nuevo juicio
Daniel Morin votó en disidencia respecto de sus pares de la Sala II. El magistrado propuso hacer lugar parcialmente al planteo de la defensa, anular los puntos dispositivos de la condena, apartar a Ramos Padilla y reenviar las actuaciones para que otro juez realizara un nuevo debate oral.

Morin argumentó que el fallo de primera instancia presentó graves defectos de fundamentación y un “patrón de valoración probatoria manifiestamente sesgado” que afectó la garantía constitucional de imparcialidad.
Según su análisis, el juez de juicio “erigió el testimonio de la denunciante en una verdad incontrastable” y justificó cualquier contradicción mediante la teoría de la “disociación de la personalidad”, apoyándose en pericias psicológicas con falencias metodológicas.
El magistrado detalló que la sentencia descalificó de manera sistemática toda la prueba de descargo que presentó la defensa. Mencionó que el tribunal oral restó valor a 14 testigos que ofreció Alperovich bajo el argumento de que tenían cercanía con el acusado, omitiendo que muchos de ellos también tenían un vínculo estrecho con la denunciante. Asimismo, Morin criticó que se considerara la negativa del imputado a admitir los hechos como un indicio en su contra, lo cual vulneró la presunción de inocencia.
Entre los puntos cuestionados por la disidencia se encontró la valoración de los testimonios de los choferes y custodios, así como de las pericias de parte. Morin señaló que el TOC N° 29 construyó una caracterización “caricaturesca y reduccionista” de las partes, retratando a Alperovich como un “señor feudal” y a la denunciante como una “rehén” sumisa, ignorando las pruebas que la describían como una mujer con un rol jerárquico y de toma de decisiones dentro del equipo de campaña.
Por estas inconsistencias y omisiones, el juez concluyó que la sentencia carecía de validez y debía ser anulada en su totalidad.
Fuentes cercanas a Alperovich dejaron trascender que apelarán el fallo de Casación. “Una cosa es la perspectiva de género y otra cosa es un fallo que implica violar las garantías y que sin ningún tipo de prueba se pueda condenar a alguien. No le hace ningún favor a esta perspectiva firmar estos desastres”, se descargó una de las personas que trabaja en su defensa.
Fuente: Infobae


