Ya no se habla de crisis, sino de un colapso en el sistema carcelario de la provincia. La superpoblación es una realidad. La capacidad de alojamiento de reos en la actualidad es de por lo menos 1.350 y actualmente, hay unos 2.300 y, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, el número de detenidos podría superar los 3.000, es decir, más del doble de lo permitido.

En los tres penales de la provincia, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad: hay 1.275 reos, pero tienen capacidad para 900. En las comisarías de toda la provincia, el número de arrestados asciende a 1.000, cuando están preparados para albergar a no más de 450. Pero el panorama que se presenta es desalentador, pese a que el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, anunció que habrá 260 nuevos cupos en Villa Urquiza por las remodelaciones que se hicieron.

En octubre, el Poder Judicial había informado que comenzaría con un plan de resolución de causas. Los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa y la Corte Suprema de Justicia afinaron la punta de los lápices y determinaron que se deberían resolver unas 800 causas penales consideradas críticas o sensibles para la sociedad. Allí se encuentran los casos de homicidios, de abusos sexuales y los expedientes con presos,

Se estima que al menos el 90% de esos trámites terminarán con al menos una persona condenada y, por ende en prisión, es decir que más de 700 personas imputadas tienen grandes chances de cumplir la pena detrás de las rejas, ya que están acusadas de delitos que no son excarcelables.

El proceso de resolución de causas comenzó a aplicarse el 5 de noviembre. Hasta el miércoles, fueron sentenciadas más de 100 personas, un promedio de más de 10 condenas por jornada. Fueron penadas 63 personas por abusos sexuales, 26 que se encontraban con prisión preventiva por otros hechos (en su mayoría por robos) y 17 por homicidios.

De acuerdo a ese reporte, ya están agendados para realizar en las próximas semanas alrededor de 204 juicios abreviados y unos 35 juicios orales. Al ritmo con el que se viene desarrollando el plan, se estima que estos expedientes estarán resueltos antes de fin de año.

No tienen fecha de resolución aún 460 causas. De ese número, hay 331 propuestas de juicios abreviados; 124 de audiencias orales, dos probation (los condenados no irán a prisión) y tres que se definirán cómo se cerrarán en los próximos días.

Los juicios abreviados son una alternativa que tiene la Justicia para resolver casos de manera más rápida. Para acceder a esta herramienta los acusados deben aceptar su culpabilidad para acceder a una sentencia mucho más leve. En otras palabras, sí o sí terminarán detrás de las rejas.

“No hay ninguna manera de que este proceso se detenga si se pretende implementar el nuevo Código. Además, ni suspendiendo el plan se solucionará el problema”, aseguró un vocal de la Corte Suprema de Justicia. Esas palabras también fueron repetidas por voceros de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa.

Según las últimas estadísticas que fueron dadas a conocer por el máximo tribunal de la Provincia, en promedio, un juzgado de instrucción del Centro Judicial Capital ordena la detención de unas 60 personas por mes. Al haber cinco magistrados, serían por lo menos 300 personas las que permanecen privadas de la libertad durante al menos 10 días hábiles.

De ese número, al menos a unas 120 se les dicta la prisión preventiva por un lapso que va de uno a 12 meses. Normalmente, esos procesados son los que quedan detenidos en las comisarías por la falta de espacio, pese a que en 2015 la Corte con una medida cautelar prohibió que estos procesados cumplan el fallo en dependencias policiales.

La implementación del nuevo código tampoco traerá alivio. En el Centro Judicial de Concepción ya se está utilizando y, según confirmó la jueza de Ejecución y Sentencias Alicia Merched, debe solucionar el problema de alojamiento de al menos dos reos por día. “No permito que se los alojen en las comisarías porque no es legal. El penal del Sur tiene capacidad de 280 y ya llevamos 315”, explicó.

Los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila presentaron en 2015 un hábeas corpus a favor de los presos, los policías y los vecinos de la comisarías, porque en las dependencias policiales lhabía unos 500 detenidos, la mitad de los que actualmente albergan. La Corte Suprema de Justicia le exigió al Poder Ejecutivo que se encargara del problema.

Con el tiempo, el control de la medida quedó en manos de la oficina de Derechos Humanos del máximo tribunal. Al año siguiente se declaró el estado de Emergencia que estuvo vigente -en 2017 se la prorrogó por dos años más- hasta el 6 de noviembre, y nada cambió.

fuente. lagaceta

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