La ministra esgrimió, entre otras cosas, que “manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo”.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, brindó una conferencia de prensa para aportar detalles sobre la aplicación del protocolo para protestas anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la “política social” de la administración de Javier Milei. La izquierda denunció ante la Justicia la “inconstitucionalidad” del protocolo.
En primer lugar, Pettovello entendió que “manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo.
Por otro lado, adelantó que “auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación. A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan”.
Se eliminarán los certificados de presencialidad para las organizaciones sociales
En sintonía, la flamante ministra de Capital Humano confirmó que el Gobierno va a “eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales”.
“Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra. Vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar”, remarcó en su discurso.
A modo de cierre, Pettovello reconoció que “estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 138 si le cortan el plan por no asistir a una marcha”.
Críticas de la izquierda y el CELS a Pettovello
Dirigentes de Izquierda y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticaron este lunes los anuncios de la ministra de Capital Humano por considerarlos “inconstitucionales” y parte de una “intimidación” que busca “criminalizar la protesta”.
El diputado porteño del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, consideró en la red social X que el presidente “Javier Milei y sus funcionarios están realizando un verdadero acto de intimidación pública” y agregó que “sancionar al que reclama es ilegal e inconstitucional”, luego de conocerse los anuncios de la cartera de Capital Humano.
También advirtió que la ministra Pettovello “debe ser expulsada inmediatamente del gobierno” porque con las medidas que anunció esta tarde “amenaza a los que menos tienen si hacen uso de su derecho a la protesta”.
El dirigente del Polo Obrero y Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, afirmó que “las amenazas de Pettovello se suman a las de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, contra el derecho a la protesta”.
“Quieren un ajustazo brutal contra el pueblo y reprimir a los que se quejan. Con una inflación del 60% mensual el plan desaparece en 2 meses”, consideró y convocó “el 20 todos a las calles de Congreso a la plaza” en conmemoración de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos en todo el país y la renuncia del mandatario radical.
Desde el CELS consideraron que las palabras de la titular de Capital Humano son un “anuncio de represión y criminalización de la protesta y persecución de la organización social” porque “no anunció ninguna medida para quienes más van a sufrir el ajuste” sino que “hizo una amenaza de quitar los planes sociales a quienes se organizan para ir a una marcha y a quienes no tienen estructuras de cuidados y llevan a sus hijos con ellos”.
“El gobierno tomó decisiones económicas que harán que miles la pasen peor de lo que ya están: niñas y niños que van a comer menos y peor, jubilados que no van a llegar a fin de mes y en lugar de protegerlos, anuncia que criminalizará a quienes demanden vivir con dignidad”, aseguraron desde el CELS en un comunicado y denunciaron que “Pettovello y Bullrich, a través del protocolo contra la protesta, estigmatizan a las organizaciones y dicen que quienes reclamen en manifestaciones o protestas no serán sus interlocutores” para “negar la mediación política y perseguir la organización social”.
El MST denunció la “inconstitucional” del protocolo
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió hoy a la Justicia que declare la “inconstitucionalidad” del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reclamó una medida cautelar que “suspenda” su aplicación “hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”.
La denuncia de la diputada porteña por el MST Celeste Fierro y la abogada apoderada de ese partido, Mariana Chiacchio, recayó en el juzgado federal de María Servini.
El MST pidió una “acción declarativa de inconstitucionalidad (…) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que anunció Bullrich porque, dijo, “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.