Tras la negativa de Bonafini a declarar por la causa que investiga hechos de corrupción en el plan de viviendas que había sido asignado por el kirchnerismo a la asociación civil Fundación Madres de Plaza
Los primeros citados a declarar como imputados por la causa “Sueños Compartidos”, que investiga corrupción en la construcción de viviendas sociales, postergaron sus declaraciones o no se presentaron ante el juez. José López, Julio De Vido y Abel Fatala le pidieron al juez Marcelo Martínez Di Giorgi declarar más adelante. Todos esperan saber qué dirán los Schoklender. La titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ni siquiera, se presentó en los tribunales de Comodoro Py.
Por su parte, Sergio -el mayor- apuntará al supuesto desfalco de la Fundación tras su escandalosa salida y el manejo de la misma por contadores cercanos al ex vicepresidente, Amado Boudou.
Sueños Compartidos fue un programa de construcción de viviendas e inclusión social que manejó unos 1.296 millones de pesos, aunque se estima que la suma podría haber superado los 1.400 millones. A fines de mayo del 2011, el programa colapsó tras una escandalosa pelea entre Bonafini y su hijo putativo, Sergio. Los hermanos también se distanciaron y, según los involucrados, nunca más hablaron entre sí. Junto con el contador Alejandro Gotkin quien formaba parte de la empresa constructora Meldorek -por la que se tercerizaba la construcción de viviendas- estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza en dos oportunidades. Gotkin también figuraba como empleado de la Fundación.
El gobierno nacional de entonces, el de Cristina Elisabet Kirchner, rápidamente se despegó de los Schoklender y les recordó su tortuoso pasado. En el 2006, cuando la Fundación comenzaba a recibir los contratos más jugosos, Néstor Kirchner decidió enviar a la saliente ministra de Economía, Felisa Miceli, a controlar al mayor de los Schoklender. Miceli se dedicó a organizar un centro de estudios económicos financiado por el Estado y evitó confrontar con los Schoklender.
Según el informe que presentará el menor de los Schoklender a la Justicia “las Madres no pagan impuestos porque dicen que no van a pagar las balas con las que mataron a sus hijos y las van a matar a ellas. Históricamente y hasta el día de hoy, siguen con la misma postura”.
El ex encargado de Compras de la Fundación explicará que desde su oficina se decidían todas las compras de “la Universidad, la Radio, la librería, la editorial, la imprenta, los comedores, los jardines maternales, el ECUNHI (centro cultural dentro de la ex Esma), la fábrica de paneles, el bar, las marchas de las Madres, los actos políticos, el área audiovisual, la movilidad, alimentación y cuidado de las Madres“.
Por primera vez, un integrante de la Fundación apuntará al financiamiento político de Sueños Compartidos a funcionarios y campañas electorales. Para el menor de los Schoklender, desde su departamento se “compraba desde un clavo, un pañal, una retroescavadora, camionetas, ajo, tomate, libros, equipamiento para la radio, estructuras de hormigón, sábanas, colchones camionetas, acero y pasajes”.
Según el escrito de Pablo Schoklender, “todo lo que eran gastos de Universidad, librería, editorial, imprenta, ECUNHI, radio, actos políticos, dependían de la autorización y orden de Hebe de Bonafini”. El menor de los Schoklender reconocerá que era quien firmaba los cheques pero no quien firmaba los contratos con los municipios ni con el gobierno nacional. Eso lo hacían “Hebe y Sergio quienes decían cuándo, dónde y por qué realizar una obra, un acto o alguna actividad”. En otro tramo del escrito al que accedió Infobae, se asegura que “lo que se pagaba y lo que se dejaba de pagar eran decisiones políticas que tomaba Hebe como voz cantante de las Madres y Sergio”.
Según denuncias periodísticas, desde la fundación se financiaron actos de campaña, se solventó la frustrada candidatura de Abel Fatala a Jefe de Gobierno y se apoyó a Amado Boudou en la campaña presidencial del 2011. De allí también se desviaron fondos públicos para la creación de “Las Cristinas”, primer grupo político que lanzó la reelección de CFK. A su vez, se encontraron paneles de Meldorek en el barrio privado de La Lonja de los Schoklender y en Exaltación de la Cruz. Según la AGN hubo un desfalco que ascendió a 204 millones de pesos. Gran cantidad de los cheques de las Madres terminaron en cuevas financieras que, a su vez, los desviaban en agropecuarias fantasmas para evadir impuestos.
Para Pablo Schoklender, “en el momento de mi desvinculación, la Fundación contaba con acreencias contra el estado por más de $ 140.000.000”. Agrega que “ningún municipio jamás reclamó que le faltara dinero u obras por los montos desembolsados. Tampoco la Fundación declaró, aún 5 años después, faltante de dinero alguno”.
Finalmente, en uno de los puntos más calientes de la resonante defensa del menor de los Schoklender, asegura que “respecto del no pago de cargas sociales, fue una política acordada entre Hebe de Bonafini y el gobierno nacional, para usarlo como medio de financiación por los retrasos de pagos en las obras”. Concluye que “todas las negociaciones por dicho tema fueron realizadas por Hebe en forma personal. Ella misma en persona, junto con los abogados de la Fundación negoció y firmó el acuerdo de pago en cuotas”.