La investigación por las presuntas estafas en la compra y venta de vehículos en Yerba Buena continúa avanzando. La Justicia rechazó el pedido para morigerar la detención de dos de los tres imputados y, además, se confirmó que aparecieron al menos otros 10 denunciantes.
La causa tiene como imputados a Matías José Díaz Vier, de 40 años; su pareja, Anabel García, de 37; y Javier Goitea. Según la acusación del fiscal Fernando Blanno, los tres habrían montado un esquema delictivo bajo la fachada de una concesionaria llamada DG Cars, donde simulaban operaciones legítimas de compraventa de vehículos.
La estafa
De acuerdo con la teoría del caso, los acusados ofrecían unidades, recibían rodados en consignación o como parte de pago y percibían importantes sumas de dinero que luego no eran restituidas. La Fiscalía sostiene que incumplían deliberadamente los compromisos asumidos.
Entre las maniobras investigadas figuran la entrega de adelantos para generar confianza, la simulación de créditos prendarios inexistentes, la utilización de terceros, la emisión de comprobantes apócrifos y la transferencia de vehículos sin autorización de sus titulares.
Perdieron el dinero y el vehículo
En varios casos, las víctimas no solo habrían perdido el dinero invertido, sino también sus bienes o habrían quedado comprometidas con deudas originadas en operaciones fraudulentas.
A los acusados se les dictó la prisión preventiva. En el caso de García, se autorizó que cumpla la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario por tener hijos menores de edad.
La defensa de Díaz Vier y García, representada por Candela Álamo, pidió revisar la necesidad de mantener una medida que consideró “tan gravosa” como la prisión preventiva.
“Con un mayor conocimiento de la causa, de las evidencias y de las particularidades de cada denuncia, entendimos que correspondía revisar la necesidad de mantener una medida tan gravosa como la prisión preventiva dictada contra Díaz Vier y García”, sostuvo la abogada.
Las pruebas
Álamo señaló que, hasta el momento, no se pudo probar ni explicar cuál habría sido la participación de sus defendidos en las maniobras investigadas. Respecto de Goitea, afirmó que no todos los hechos presentan el mismo grado de sustento probatorio y que era necesaria una revisión más profunda.
La auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás y los representantes de las querellas se opusieron al planteo. Argumentaron que aún quedaban varias medidas por realizar y que los imputados podrían entorpecer la investigación. Finalmente, el juez Facundo Maggio rechazó el pedido.
Uno de los querellantes, Juan Guerrero, sostuvo que la investigación recién comienza y que, desde que el caso tomó estado público, se sumaron al menos 12 denuncias más. “Estamos hablando de un perjuicio económico que ya superó los $200 millones”, afirmó en una entrevista con La Gaceta.
No hay condena aún
Por su parte, Álamo aclaró que esas nuevas denuncias todavía no fueron objeto de una formulación de cargos. “Cada presentación debe ser analizada de manera individual y con la seriedad que corresponde”, sostuvo.
“La existencia de una denuncia no equivale a una condena ni determina automáticamente una responsabilidad penal”, añadió la defensora.
Fabrizio Caruso, representante legal de una de las víctimas, sostuvo que el caso es complejo. “Se formalizaron 12 hechos de estafa en abril y, hasta la fecha, se sumaron 10 nuevos denunciantes. Hay víctimas que reclaman el reintegro del dinero y otras la devolución de sus vehículos”, explicó.
Tarea difícil
El abogado agregó que “cada vez se hace más difícil que los responsables puedan responder ante los damnificados, porque el perjuicio patrimonial se incrementa con el paso del tiempo”.
La defensa, en tanto, aseguró que desde el primer día intentó abrir espacios de diálogo con las partes y buscar alternativas para resolver el conflicto. “Ya se realizaron distintas propuestas económicas y se mantuvieron conversaciones con algunos de los involucrados”, afirmó Álamo.
La causa también incluyó un testimonio sobre supuestas maniobras de ocultamiento de pruebas. En una audiencia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás relató que un testigo, que habría tenido una relación laboral con los acusados, declaró haber presenciado la quema de documentación y el enterramiento de bolsas con dinero.
A partir de ese testimonio, los investigadores excavaron el fondo de la vivienda donde residían Díaz Vier y García, aunque hasta el momento no se encontró ningún elemento de interés para la causa.
Álamo rechazó esa versión. “Esa versión es absolutamente falsa. No existe ningún elemento incorporado al expediente que permita sostener semejante afirmación”, sostuvo.
“No podemos seguir permitiendo que cualquier declaración realizada en fiscalía, sin respaldo probatorio, se instale públicamente como un hecho cierto. Ese tipo de afirmaciones terminan generando prejuicios y construyendo una imagen de los imputados sobre la base de rumores y no de pruebas”, finalizó la defensora.