choque

Tres meses demoraron en llegar las pericias del accidente donde el conocido golfista mató a dos motociclistas. Ahora el fiscal Pedro Gallo sabe a qué velocidad manejaba Armando Zarlenga. El estudio difiere en varios puntos con el que realizó el perito de parte que ofreció el acusado.

Homicidio culposo

Armando Zarlenga está imputado de homicidio culposo por haber causado la muerte de Maximiliano Saldaño y de Joaquín Morales Franck Colombres el 25 de abril cuando embistió en su camioneta a la moto en la que se trasladaban las víctimas. Los estudios realizados al acusado dieron cuenta de que tenía 2.44 de alcohol en sangre y que presentaba metabolitos de cocaína en el organismo. Pero una rinoscopía descartó el consumo de esa droga.

“La causa principal en la producción del siniestro en la conducción con elevado grado de intoxicación alcohólica y excediendo los límites de velocidad (según el perito transitaba a 102 kilómetros por hora cuando lo permitido es de 60) lo que provocó que no pudiera percibir con suficiente tiempo y espacio de antelación la presencia de la motocicleta en su línea de marcha ni que realizara maniobra alguna para evitar la colisión”, aseguró en sus conclusiones la licenciada en criminalística Verónica Florencia Cambieri.

La especialista sostuvo además que el siniestro se “hubiera evitado si el conductor de la camioneta se hubiera abstenido de conducir por no encontrarse en condiciones psicofísicas normales y si se hubiera desplazado respetando los límites de velocidad máxima establecido por la ley”.

Los defensores del acusado Camilo Atim y Ernesto Baaclini anunciaron que ni bien recibieron el resultado se la enviaron al perito para que la analice. “Hay algunas diferencias entre nuestro estudio y el del Ministerio Público Fiscal. Será cuestión que se lo analice y después debata. Es lo único que se puede decir”, señalaron los profesionales.

El informe de la perito oficial se dio a conocer días antes de que se realizara una nueva audiencia clave. Este jueves se hará la de impugnación por el fallo de julio pasado en la que la jueza Eliana Gómez Moreira extendiera por 30 días el arresto domiciliario con el que cumple la prisión preventiva.

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