Cuando en octubre de 2020 un empleado del SIPROSA y una joven empleada de la salud privada fueron detenidos tratando de ingresar droga desde Santiago del Estero a Tucumán, una de las medidas que se tomaron para recabar pruebas fue secustrar los celulares de ambos.
Nuevos datos
Ahora, casi dos años de que el caso saliera a la luz, un análisis del aparato de uno de los imputados permitió determinar cómo era el circuito de transporte de estupefacientes que realizaba el trabajador del estado tucumano. Esos datos sirvieron para abrir una nueva causa en contra de dos narcos y por lo menos un proveedor de marihuana de origen chaqueño.
El 26 de octubre de 2020, según las actuaciones de la policía, Mónica Mabel Costilla, quien circulaba en auto con Jesús Busto (fue exonerado de su cargo por esta causa), se entregó a los efectivos que realizaban un control de rutina en Isca Yacu, Santiago del Estero. Los uniformados requisaron el Chevrolet Onix en el que se movilizaba la pareja y encontraron que trasladaban 120 kilos de marihuana. En la etapa de instrucción, los arrestados se acusaron entre ellos de ser los dueños de la carga.
Comparación de información
La fiscal federal santiagueña Indiana Garzón, al igual que los investigadores de la vecina provincia, sospechan que los detenidos podrían ser unos meros transportadores de la marihuana. Días después de las detenciones, se supo que en nuestra provincia estaba frenada una causa en la que se analizaba la posible intervención de otros empleados del Siprosa en el tráfico de drogas.
Según la misma línea, los sospechosos, que estaban vinculados al gremio de ATSA, podrían haber utilizado el Departamento de Transportes Móviles para acopiar y distribuir la sustancia en la capital y en toda la provincia. Pero la investigación no avanzó. Los investigadores conjeturaron entonces que la carga que trasladaba la pareja podría haber sido para ese grupo.
Un concejal fue nombrado
La investigación, en la que también fue mencionado el concejal José Luis Coronel, aunque nunca se encontró un indicio en su contra, fue frenada entonces por el juez federal Daniel Bejas. El fiscal Carlos Brito había solicitado que se realizaran más de 40 allanamientos y la detención de unas 15 personas, pero el magistrado no aceptó el planteo porque consideraba que no había pruebas suficientes.
De los sospechosos, según se confirmó, dos fueron cesanteados porque las autoridades habrían comprobado que ingresaron irregularmente al Siprosa.
Coronel y el legislador Reneé Ramírez negaron conocer a Bustos y a los otros tres investigados, pero con el correr de los días se probó que ellos habían trabajado en ATSA y que tuvieron una activa participación en las campañas políticas. “Jesús organizó la cena de fin de año de ATSA y lo hizo para sumarse unos porotos, no para conseguir un puesto como muchos dicen”, había declarado en una entrevista Celia Sánchez, madre del joven.
Un año detenidos
Busto y Costilla permanecieron un año detenidos, pero la justicia les otorgó el arresto domiciliario. Están muy cerca de que se les otorgue la libertad al cumplir dos años sin que hayan sido enjuiciados.
El ex empleado del Siprosa había anunciado que estaba dispuesto a colaborar con la investigación si le deban todas las garantías. Según confiaron sus defensores Javier Lobo Aragón y Aníbal Paz estaba interesado en convertirse en testigo arrepentido para morigerar su situación procesal. Pero nunca hubo un acuerdo con la fiscala y Busto permaneció en silencio.
Sin embargo, la información que requería la fiscala para avanzar la pesquisa surgió del análisis del teléfono celular. Por ejemplo, allí encontraron que Busto, aprovechando su situación de personal que participaba en los operativos de control de ingresos de personas en las fronteras durante los tiempos más duros de la frontera, se ofrecía a pasar “cualquier cosa”. Existen indicios de que logró ingresar dólares y billetes falsos de la moneda norteamericana.
Más evidencias
También encontraron evidencias con la que se demostraría que el acusado estaba dispuesto a trasladar marihuana desde Santiago de Estero a nuestra provincia. Cada viaje, según consta en el informe que está en poder de la fiscala, el ex empleado del Siprosa cobró unos $100.000 en esos tiempos (unos U$S 600) por viaje.
En otro contacto con un tal “Pablo”, el imputado le ofrece traer 90 kilos de marihuana a cambio de $100.000. El contacto acepta la propuesta, pero advierte que será el último, ya que no quería que “se hiciera costumbre” esta práctica de conseguir una buena suma de dinero con esta actividad ilícita.
Los contactos
Busto, en los mensajes que intercambiaba con sus contactos, dejó en claro que estaba “cansado” de realizar este tipo de viajes para compradores tucumanos, ya que no querían abonar el valor del viaje o nunca le terminaban de pagar el traslado que había realizado.
El acusado ya estaba analizando la posibilidad de ser contratado por los proveedores. De hecho, en el análisis que realizaron los peritos de Gendarmería Nacional, estableció contacto con un tal “Tuna” con el propósito de trasladar sustancias hacia Buenos Aires. Tenía intenciones de cobrar $ 600.000 (unos U$S 3.300) por el servicio.
El ex empleado del Siprosa no tenía vehículo y por eso habría buscado personas que lo tuvieran para hacer el “viaje”. Una de ellas fue Costilla, que le comentó que “necesitaba hacer plata”. Primero la sumó para que supuestamente trajeran marihuana con la que fueron descubiertos, pero también le ofreció hacer viajes a Buenos Aires.
La fiscala Garzón ya tiene el nombre de por los menos dos narcos que contrataban a Busto y por esa razón ordenó realizar dos nuevos expedientes para investigar esta línea.
fuente: contexto