Si la Cámara confirma su procesamiento, la causa quedará en condiciones técnicas de ser elevada para determinar las responsabilidades penales y eventuales condenas
El futuro judicial del detenido ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López se comenzará a definir el mes que viene. En agosto, la Cámara Federal analizará el procesamiento del ex funcionario por enriquecimiento ilícito y si lo confirma quedará a un paso del juicio oral y público.
Los nuevos abogados de López, Diego Sánchez y Fernando García, apelaron ayer el procesamiento que el juez Daniel Rafecas le dictó al ex funcionario, informaron fuentes judiciales. El magistrado habilitó la feria judicial que comienza el lunes para continuar la causa por lo que durante las semanas de receso la apelación podría llegar a la Sala II de la Cámara Federal.
Allí, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah deberán fijar una audiencia en la que la defensa de López expondrá los argumentos de su apelación y luego los jueces quedarán en condiciones de resolver.
“Todo eso ocurrirá en agosto”, le dijo a este medio una fuente que trabaja en la causa. Si la Cámara confirma el procesamiento, López quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral. Nadie apuesta que vaya a ocurrir lo contrario.
El ex funcionario sigue detenido en la cárcel federal de Ezeiza –sus abogados no pidieron la excarcelación–. Ayer López fue dado de alta del pabellón psiquiátrico de la unidad y pasó al Hospital Penitenciario Central (HPC). Los médicos de esa dependencia determinarán cuando esté en condiciones de ir a un pabellón común.
López fue detenido la madrugada del 14 de junio pasado con casi nueve millones de dólares y una ametralladora en un convento de General Rodríguez. En su indagatoria, el ex funcionario se negó a declarar y el juez lo procesó por el delito de enriquecimiento ilícito, que tiene una pena de dos a seis años de prisión.
Pero podría sumar otro procesamiento por el mismo delito. López fue convocado a ampliar su indagatoria el 5 de agosto para que de explicaciones por su casa de la localidad bonaerense de Tigre. Para el magistrado forma parte de su patrimonio mal habido.
Las indagatorias también alcanzan a su esposa, María Amalia Díaz, y a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, presuntos testaferros por figurar como dueños de la vivienda.
Además deberá presentarse a declarar como acusada de encubrimiento Celia Inés Aparicio, una de las monjas del convento. La hermana Inés aparece en los videos del convento ayudando a López a entrar los bolsos con los millones de dólares.