Es muy posible que el juicio del caso “Lebbos” finalice cerca de la campaña electoral del año próximo o directamente en medio de ella. La idea de un veredicto de alto voltaje institucional en los momentos previos a los comicios luce más factible luego de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán denegara a parte del staff de la Sala III de la Cámara Penal de esta capital la posibilidad de acumular las vacaciones no tomadas en enero pasado con las de 2019. Los vocales Antonio Gandur, René Goane, Antonio Estofán y Claudia Sbdar consideraron que la normativa era clara, y que no correspondía hacer excepciones respecto del tribunal que juzga los crímenes cometidos en contra de Paulina Lebbos. El presidente Daniel Posse se pronunció en disidencia: dijo que las circunstancias justificaban un apartamiento de la regla general.
La consecuencia práctica de la Acordada 755/18 es que la Sala III suspenderá las audiencias durante un máximo de 10 días hábiles en los meses venideros y antes de mediados de noviembre para que descanse el personal que se quedó la mitad de enero preparando el juzgamiento -la fecha aún no fue establecida-. En ese grupo están el camarista Dante Ibáñez; el secretario Marco Antonio López Frías, y los relatores Matías Graña, Martín Nicolás Soria Femenías y César Augusto Sánchez. Los miembros del tribunal, Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, expresaron por separado que no podían sacrificar las licencias reglamentarias de sus funcionarios ni proseguir las audiencias sin ellos por la relación de confianza que había, la colaboración que prestaban y el conocimiento del caso que tenían.
“Lamentablemente y por las cuestiones delicadas que estamos debatiendo, parece poco probable que logremos cerrar el juicio antes del 31 de diciembre”, explicó Caramuti.
Ibáñez precisó que él podía prescindir del descanso pero que no quería ni debía perjudicar al personal que había resignado sus vacaciones para preparar el acto con gran dedicación, y prestaba servicios mañana y tarde sin quejarse, y sin recibir una retribución adicional.
“Hay un gran desgaste”, manifestó Macoritto, respecto del proceso que acumula más de 70 audiencias (ocupan cuatro mañanas y dos tardes por semana) y que definirá la suerte de seis imputados: Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad); Hugo Sánchez y Nicolás Barrera (ex jefe y subjefe de Policía, respectivamente); Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte); el policía retirado Hugo Rodríguez y el electricista Roberto Luis Gómez.
La entidad de los acusados y de los hechos discutidos, como el presunto encubrimiento del homicidio atribuido a los funcionarios públicos, transforman a este proceso en uno de los debates más complejos celebrados desde 1991, cuando comenzaron los juicios orales en la Justicia penal provincial.
fuente: lagaceta