Con un Concejo Deliberante cuya composición aún no fue definida por la Justicia y con los ediles críticos en la postura de no avalar irregularidades, quienes responden al intendente Mariano Campero aprueban ordenanzas sin los dos tercios.
Como si se tratara de un alumno que le huye a los números, el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, se resiste a acatar las disposiciones que hacen al manejo del cuerpo legisferante.
Por ejemplo, cree que dos (2) ediles peronistas, más tres (3) que le responden a él, suman seis (6), para dar quórum. También sostiene que cinco (5) ediles sumisos a su voluntad, más el supuesto concejal Rodolfo Aranda (1), que asumió en una sesión plagada de irregularidades y denunciada ante la Justicia por cuatro concejales, forman los dos tercios que se requieren para tratar un tema especial que no cuenta con dictamen de comisión o implica la modificación de una ordenanza, o sea que cree que seis (6) es igual a siete (7).
Esta manera equivocada y maliciosa de interpretar el funcionamiento del Concejo Deliberante generó que, en la última sesión convocada hace unos días, los ediles Benjamín Zelaya, Lucas Cerúsico, Maximiliano García y Pedro Albornoz Piossek, se levantaran de sus lugares y no participaran de la sesión, a fin de no avalar las mismas irregularidades por las que acudieron a la Justicia, y que se encuentran en etapa de análisis por parte de ese poder del Estado.
Lo cierto es que más que problemas con las Matemáticas, seguramente el titular del Ejecutivo yerbabuenense podría tener dificultades con otras asignaturas como Formación Ética y Ciudadana o Historia. El escenario conflictivo está planteado por parte del intendente para con aquellos ediles que sólo le requirieron informes para cumplir con el rol de contralor de los actos de gobierno que debe cumplir el cuerpo deliberativo, según lo establece el mandato electoral de los vecinos.
Cabe recordar que en la sesión extraordinaria convocada por el intendente Campero para el 21 de diciembre pasado, no sólo se cambió la mesa de conducción y se hizo asumir a Aranda, sin contar con el quórum establecido, sino también se avanzó en la ampliación del presupuesto y el aval a la creación del tributo por higiene y salubridad, que deriva en el decreto número 820, rubricado por el intendente para dar vía libre a las modificaciones necesarias para la aplicación de la mencionada carga tributaria a los vecinos.
Como si se tratara de una broma del Día de los Inocentes, en la sesión extraordinaria convocada para el 28 de diciembre pasado, con la integración irregular del Concejo Deliberante, se aprobaron las ordenanzas de prórroga del Presupuesto 2016 y Presupuesto del Cuerpo deliberativo; la modificación de la Ordenanza Fiscal 2016 y prórroga para 2018, con la intención de darle vigencia al Tributo de Emergencia Municipal (TEM), denunciado por un grupo de ediles ante la Justicia, entre quienes se encontraban en su momento los ahora “Camperistas” y ex “alperovichistas”, Héctor “Pilón” Aguirre y Walter “Cabuby” Aráoz.
¿Aprobar sobre aprobado?
Una de las cuestiones que molestó a los ediles que ya denunciaron el accionar del intendente Campero, es que en la última convocatoria a sesión extraordinaria se haya incluido ordenanzas que supuestamente estaban aprobadas en las sesiones anteriores que tuvieron como protagonistas a los concejales que le responden al intendente, pero que por su número no pueden garantizar la aprobación de todas las iniciativas que remita el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).
En ese sentido, el concejal Zelaya se preguntó: “¿Por qué el intendente remite temas que supuestamente fueron aprobados por un Concejo Deliberante que funciona de acuerdo a lo establecido por el respeto institucional y la división de poderes? ¿No será que necesitaba el aval de todos los concejales porque lo actuado se enmarcaba en una situación irregular?”.
“Le reitero al intendente Campero que no avalaré estos manejos irregulares por parte del Concejo Deliberante y los ediles que no estamos de acuerdo con este avasallamiento seguiremos insistiendo ante las autoridades judiciales para que se resuelva la cuestión de fondo y se normalice el funcionamiento respetando las normativas vigentes”, expresó el edil para dejar sentada cuál será la postura que asumirán ante esta circunstancia polémica.