Con un DNU, el Gobierno extendió por un año la renegociación con las prestadoras de esos servicios públicos que estén bajo jurisdicción federal.
El Gobierno prorrogó por un año el plazo para avanzar con la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) por la cual las empresas que brindan los servicios de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural acuerdan los incrementos que repercutirán en la factura final de los usuarios. La medida se oficializó a través del decreto de necesidad y urgencia 815/2022 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
Además, se prolongó en el mismo decreto -y también por un año- la intervención en los entes nacionales de regulación de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) hasta que entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios resultantes de los acuerdos definitivos de la RTI.
Segmentación
La suspensión de la revisión -que debía haberse realizado en los últimos dos años- no supone modificaciones en el esquema de segmentación de tarifas que impulsó el Ejecutivo. La redistribución de subsidios continuará sin cambios, con las categorías y los topes que están previstos.
En concreto, la finalidad de la RTI es ordenar un mecanismo desigual por el cual algunos usuarios pagan más o menos de lo que deberían en función de sus ingresos. De esta manera, como toda revisión, cuando se concrete, transformará los acuerdos vigentes.
fuente: tn