Alberto Fernández firmó el decreto a través del que derogó la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente impulsado por la administración de Mauricio Macri 11 días antes de dejar el poder, que ya había recibido las críticas de quien por entonces era presidente electo por el Frente de Todos.
A fines de noviembre del año pasado, Macri creó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el ente autárquico que tendría a su cargo el resguardo de la seguridad de los llamados “arrepentidos” en las causas judiciales.
Ahora, la administración de Alberto Fernández decidió anular ese decreto porque “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”.
Así, lo sostuvo el Gobierno en el Decreto 168/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Allí, la administración de Alberto Fernández aseguró que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del programa se mantuvo sin variación durante más de 16 años hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”.
fuente: infobae