Marcelo Romano, fiscal, habló sobre el caso del policía procesado por defender al turista acuchillado en La Boca y por qué el daño provocado por “el catecismo zaffaroniano” va a ser difícil de reparar.
A partir de lo sucedido esta semana con el policía bonaerense Luis Oscar Chocobar, procesado y embargado por defender al turista norteamericano acuchillado en La Boca, volvió a instalarse el debate en torno al funcionamiento del sistema penal en nuestro país. Si bien el episodio ocurrido el 8 de diciembre de 2017 está siendo investigado por la Justicia, el fiscal Marcelo Romero manifiesta que el “catecismo zaffaroniano” ha hecho mucho daño en nuestro país.
—¿Qué consecuencias trajo el llamado “garantismo” del derecho penal argentino?
—Yo creo que es el abolicionismo de Zaffaroni en realidad, porque el garantismo es el cumplimiento de los postulados constitucionales, que por cierto, es lo que corresponde, defender nuestra Constitución y las leyes. El abolicionismo fue lo peor que le pasó al derecho argentino en su historia. Es, justamente, todo lo contrario al garantismo. Es aquella pseudo doctrina que intenta, como su nombre lo indica, destruir el sistema penal del Estado. No sirven las leyes, no sirven los policías, no sirven los fiscales, no sirven los jueces, no sirve la cárcel. Creo que el abolicionismo trajo un daño, no digo irreparable, pero sí de muy difícil reparación. Son 30 años que se viene insuflando en las facultades de Derecho, en los institutos de posgrados, en el consejo de la magistratura. Cuando rendí el examen para ser fiscal en 1998, si no se recitaba de memoria el “catecismo zafaroniano”, uno no aprobaba el examen. Había que tener la abstracción de contestar con esa ideología, y después hacer lo que uno sienta, lo que corresponde.
—¿Es una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial que el Presidente reciba al policía Luis Chocobar?
—No, de ninguna manera, ni el Presidente, ni un gobernador que reciba a uno de los suyos. En este caso, un policía, y que apoye su postura, significa una injerencia sobre el Poder Judicial. Prefiero esa actitud y no la que muchas veces se declama, “está todo en manos de la Justicia” y por detrás te mandan al operador para presionar. El presidente, el gobernador, el ministro, es el superior de su empleado, que en es este caso, es la Policía.
—La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que se comunicó telefónicamente con el juez…
—Eso es diferente. Ya que haya un llamado del Poder Ejecutivo al Juez, en el marco de la causa, no me parece prudente. Distinto es que el Estado le ponga a este policía un abogado para que pueda defenderse como corresponde en el marco de un proceso, y que el abogado sea aquel que se contacte con el magistrado para hacer las peticiones. Pero que el funcionario del Ejecutivo llame al magistrado me parece imprudente.
fuente: infobae