Dos municipalidades irán a la Justicia: una por donar luminarias públicas viejas y otro por aceptar e instalarlas en lugares públicos a pesar de que son consideradas “residuos peligrosos” por estar compuestas de mercurio o sodio. Según los expertos, se trata de una violación a por lo menos tres leyes.

La encargada de llevar adelante la demanda contra los municipios de Hurlingham y Moreno, será la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace varios meses lidera una investigación con la que pudo establecer que hay al menos 30 localidades de la provincia de Buenos Aires que podrían enfrentar una potencial contaminación por el alumbrado público que viene siendo reemplazado.

Plan de recambio de luminarias

Tras las denuncias que recibieron por parte de cientos de vecinos, notaron que muchos municipios llevaron adelante un plan de recambio de esas lámparas pero ninguno dio precisiones sobre cómo destruyeron ese material antiguo o si es que por lo menos lo hicieron, tal como establecen la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países después de que en esa ciudad japonesa miles de personas murieron intoxicadas por mercurio y en el que se comprometieron a reducir progresivamente las emisiones de ese elemento y sus derivados.

Miles de luminarias en las calles

Los planes de recambio comenzaron en el 2011, por lo que estiman que son miles las luminarias que ya fueron cambiadas y para fin de 2019 vence el plazo para sean sustituidas todas las que tienen mercurio. Tras la serie de denuncias que recibieron, la Asociación notó que son muchos los lugares que informaron acerca del reemplazo de la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones y cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron

¿Y las lámparas viejas?

Fue entonces que desde la ONG comenzaron con la tarea de pedirle un informe a cada uno de los municipios (los de mayor densidad poblacional) para saber qué habían hecho con las lámparas viejas. Las respuestas hasta ahora fueron nulas y todavía no saben qué pasó, salvo en el caso de Hurlingham, cuyo gobierno se encargó de difundir que había hecho una donación de 5.000 luminarias antiguas en octubre pasado a la localidad de Moreno. Se trata de una violación -explica la ONG- “flagrante, ya que no son material reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados”.

Regalito

Pero no es el único caso. Hurlingham también le regaló 500 lámparas a la localidad de Paso de los Libres, acuerdo anunciado tanto por Juan Zabaleta como por Martín Ascúa, intendentes de ambos municipios, quienes usaron sus perfiles de Facebook para comunicar el nuevo “logro de la gestión”.

Infracción

A partir de que se tuvo conocimiento de esta infracción, la Asociación le pidió informes a estos lugares para que dieran una explicación y nuevamente la respuesta brilló por su ausencia. Sin embargo, Hurlingham sí envió en su momento una respuesta a Infobae. En ella dijo que la donación está respaldada en la ley provincial 14.321 y que según el inciso 5 del anexo I de la normativa, la gestión de esas lámparas viejas “debe ser sustentable, promoviendo su reutilización”.

“En buen estado”

Señaló que “si la luminaria está en buen estado, no se le considera residuo” y que la ley nacional -que ordena suprimir toda comercialización y uso de luminarias que contengan mercurio u otro material contaminante- es “complementaria” a la ley provincial y no de cumplimiento obligatorio. Aclararon, asimismo, que la decisión no fue únicamente del intendente sino que se resolvió mediante ordenanza en el Concejo Deliberante.

Sin asidero legal

Mario Caparelli, titular de la ONG, replicó esta respuesta y aseguró a este medio que la acción de las localidades involucradas “carece de asidero legal”. Según dijo, la ley provincial en la que se justifican “está por debajo” de la nacional y de los convenios internacionales, que tienen carácter constitucional. Además, la explicación del municipio omitió que esa normativa también ordena la disposición final de los elementos compuestos con mercurio y sodio.

Pirámide jurídica

“El plexo normativo nacional es como una pirámide jurídica en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional y los tratados suscriptos por el país. Después están las leyes nacionales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales y finalmente las normas municipales y actos administrativos. Las leyes nacionales y supranacionales obligan a la destrucción de toda luminaria, en el caso, que contenga mercurio y sus compuestos. Deberán reemplazarlas por lámparas Led, que son más amigables con el medio ambiente y la salud pública”, explicó.

Pésima interpretación de la ley

En ese sentido, señaló que la ley provincial 14321, a la que hace referencia Hurlingham para justificarse, legisla sobre gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAE) y la interpretación que hace el municipio es “sesgada y antojadiza”.

Recogidos y desechados

“Es un dislate fáctico y jurídico que una ley nacional complemente a una norma provincial, debería darse el caso opuesto. En el anexo II sobre tratamiento selectivo de materiales componentes de esos aparatos, indica que deben extraerse los siguientes componentes sustancias y preparados de todos los RAE recogidos por medios selectivos, para posteriormente ser eliminados o valorizados de conformidad con lo previsto en la ley 11720, o componentes que contengan mercurio.”, resaltó.

Contaminación con mercurio

El problema por la posible contaminación con mercurio es más grave de lo que parece. Caparelli advirtió también que ningún municipio de la provincia cuenta con un depósito de almacenamiento de residuos peligrosos habilitado por la autoridad provincial. “Si han sido almacenados, fue en depósitos de terceros que deben estar habilitados con la tecnología apropiada, con plan de contingencia, con evaluación de impacto ambiental, tal como la ley 11720. Esto no fue informado. Los municipios no han contestado evidenciado un reconocimiento tácito de cuanto le ha sido requerido. La población no sabe hoy día cuál ha sido el destino de las luminarias sustituidas”, dijo.

 

 

 

fuente. infobae

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