El juez federal Sergio Torres citó a indagatoria a Angelina Abbona, quien fuera Procuradora del Tesoro de la Nación durante los últimos cinco años de mandato de los ocho en los que Cristina Fernández de Kirchner ocupó la Casa Rosada.
Abbona será indagada por el delito de peculado de servicios a partir de una denuncia realizada en por el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes en febrero de 2015. Moldes denunció que Abbona había utilizado recursos del Estado para defender a la ex presidente Fernández de Kirchner ante la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento en del atentado a la AMIA.
Una vez que fue presentada la denuncia de Nisman, la Procuración del Tesoro, con la firma de Abbona y sus segundos Javier Pergament y Horacio Pedro Diez, presentaron un escrito de defensa ante el juez que tenía el expediente Daniel Rafecas.
El escrito señalaba entre otras cosas que “Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”. Moldes había basado su denuncia en tres puntos: que la presentación de Nisman no estaba dirigida contra el Estado Nacional -lo que habría habilitado la intervención de la Procuración del Tesoro- ; en cambio sí se había acusado a funcionarios públicos del kirchnerismo y a otros ciudadanos que no ostentaban cargos públicos.
El segundo cuestionamiento de Moldes se fundó en que cuando Abbona – una persona de extrema confianza de la ex presidente- presentó el escrito, todavía no existía la causa judicial porque el fiscal Gerardo Pollicita no había impulsado la investigación a cargo de Rafecas.
En el tercer punto Moldes había explicado que en la Procuración se habrían utilizado los recursos de ese organismo público para la defensa de particulares.
El fiscal Ramiro González impulsó la investigación pero Sebastián Casanello, el juez que tenía el caso a su cargo en 2015, cerró la causa por inexistencia de delito. Esa decisión fue apelada y la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó continuar la investigación y apartó a Casanello.
Para los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, Casanello debió haber tomado algunas medidas antes de cerrar la causa tal como lo había propuesto el fiscal González: ” (el caso) … exigía atender a la hipótesis de la fiscalía recabando los elementos pertinentes para averiguar, como mínimo, (i) qué constancias registrales (sea escritas o digitales) hay en la órbita de la Procuración del Tesoro, de donde surjan las actividades internas previas a la presentación en sede judicial –forma de inicio, número de legajo u otro modo de individualización, etc.-; (ii) qué condiciones concretas rigen la actuación del órgano en supuestos como el descripto en la denuncia; (iii) en sintonía con lo anterior, si existen antecedentes análogos a los de este caso; y (iv) cuáles son, desde la perspectiva de los eventos aquí tratados, las particularidades relevantes del expediente n° 777/15, requiriendo copias certificadas de sus partes pertinentes. Nada de ello se hizo previo a desestimar la causa. Y esa omisión priva de validez a la resolución apelada”.
Una vez apartado Casanello, el caso le tocó a Torres quien, según informaron fuentes judiciales, citó a Abbona, Pergament y Díaz a indagatoria. Los hizo después de haber recibido informes de diversos ministerios, de la propia Procuración del Tesoro y de varios testimonios. Los imputados se deberán presentar a declarar ante Torres a partir del 6 de diciembre próximo.