La central obrera se queja no sólo de la indiferencia oficial y los problemas económicos, sino también porque vislumbra un ajuste económico por el acuerdo con el FMI. Cómo fue la tumultuosa reunión que simbolizó la pérdida de la paciencia sindical.
“Vamos a cumplir con todas las instancias que sean necesarias para dialogar con el Gobierno, pero si no nos escuchan, actuaremos como históricamente lo hizo el movimiento obrero”. Esta fue una de las advertencias más moderadas que se multiplicaron ayer en el cuarto piso de la sede cegetista de Azopardo 802.
Terminó la paciencia
Parece haberse terminado la paciencia sindical y no es casual que suceda ahora: los dirigentes de la CGT saben que desde los despachos oficiales se está planeando un ajuste para que se pueda alcanzar un acuerdo con el FMI. Lo que no lograron hasta ahora en materia de incidencia en las decisiones oficiales, ya no lo conseguirán en un contexto de mayores restricciones. Y deberán contener el malestar de los trabajadores sin que los funcionarios se hayan preocupado por contenerlos a ellos.
Por eso hasta Héctor Daer, el cotitular de la CGT con mayor llegada al Presidente, no se preocupó por atajar ni una de las críticas que sus colegas descargaron con desencanto y bronca a lo largo de tres horas de reunión.
Mantener los programas sociales
El comunicado final, titulado “La pandemia no terminó”, está lleno de claras muestras de malestar en los once meses del gobierno de Alberto Fernández. No sólo advierten que “no puede ni debe ser dilapidado” el “esfuerzo compartido” en esta pandemia, tras sostener que deben mantenerse los programas sociales y la ayuda económica, sino que incluso reclaman “garantizar que el cambio de formula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”.
La central obrera pedirá una audiencia con el primer mandatario, aunque arrancará con un encuentro con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que ha sido el único funcionario que se preocupó por mantener los puentes tendidos hacia la dirigencia gremial.
El costo de las vacunas
El detonante de la bronca actual es la sospecha de que el Gobierno les transferirá a las obras sociales el costo de las vacunas contra el COVID-19. En la CGT calculan que hay en juego medio millón de dólares y temen que deban afrontarlo desde un sistema con un déficit de 6 mil millones de pesos acumulados a octubre, más una pérdida de 1.500 millones de pesos por mes, según los números que proporcionó a sus colegas el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri.
Uno de los más enfurecidos en la reunión cegetista fue el mercantil Armando Cavalieri, del sector de “los Gordos”, quien directamente habló de una medida de fuerza. Es lógico: el veterano dirigente pertenece a un sector que se resentirá aún más cuando el Gobierno restrinja el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que le pagaba una parte del salario a miles de trabajadores de Comercio afectados por la cuarentena. Y los problemas para ayudar al sistema de salud afectan a su obra social, Osecac, la más numerosa del país: tiene más de 2 millones de afiliados.
Impuesto a las Ganancias
Pero las quejas sindicales se centraron también en el Impuesto a las Ganancias: el docente Sergio Romero, por ejemplo, lo calificó de “estiletazo al bolsillo de los trabajadores” y pidió que el Gobierno “revise su política recaudatoria”.
Y también hubo espacio para protestar contra la supuesta decisión oficial de eliminar la doble indemnización a fin de año. Para la CGT, es imprescindible mantener esta medida y prorrogar también la prohibición de los despidos, pero alertaron que existe un fuerte lobby empresarial para ponerle fin a estas resoluciones dictadas al inicio de la emergencia sanitaria.
fuente: infobae