El Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) autorizó a Hidroeléctrica Tucumán SA a iniciar las gestiones para elevar el nivel del embalse del dique El Cadillal hasta su cota máxima de 607,50 metros sobre el nivel del mar, luego de más de tres años de operación restringida debido a grietas y fisuras detectadas en la estructura.
Informe técnico
La decisión fue comunicada mediante una nota firmada el jueves pasado por el presidente del organismo, Adriano Borus, en respuesta al informe técnico “Evaluación de Parámetros de Comportamiento de Presa Lateral N° 3”, correspondiente a abril y elaborado con la intervención de una consultoría independiente.
En ese documento se concluye que el comportamiento de la obra es aceptable para la cota actual de 606,50 msnm, y que se registraron mejoras en la estanqueidad como resultado de los trabajos de inyección realizados.
Sobre esa base, el ente regulador dio conformidad a la recomendación técnica de elevar el nivel del embalse en un metro.
Aunque la diferencia parece menor, por la superficie del dique implica un incremento significativo en el volumen de agua almacenada. Por ese motivo, el Orsep condicionó la medida a una supervisión permanente de los parámetros de control, con la obligación de informar de inmediato cualquier variación y evaluar eventuales acciones correctivas, incluida la posibilidad de regresar a la cota previa.
Si bien no hubo anuncios oficiales, la autorización es interpretada como un indicio de que las obras de reparación ejecutadas por el Gobierno provincial en la presa lateral N° 3 estarían próximas a su finalización. La decisión ahora queda sujeta a una confirmación política por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, tras la circulación del documento en distintas áreas de la Casa de Gobierno.
Postura de la oposición
Las intervenciones en el dique se llevaron adelante en un contexto de fuertes repercusiones.
En el plano político, sectores de la oposición cuestionaron tanto el estado de mantenimiento del embalse “Celestino Gelsi” como el mecanismo de ejecución de las obras, iniciadas a partir de un decreto de necesidad y urgencia firmado por Jaldo en enero de 2023, cuando se desempeñaba como vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo.
En paralelo, el Gobierno provincial impulsa una demanda judicial para recuperar los fondos invertidos en las reparaciones, bajo el argumento de que la responsabilidad correspondía a la concesionaria. La causa tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Reguera. Según la ampliación presentada por la Fiscalía de Estado que conduce Gilda Pedicone, hasta diciembre de 2025 se habían destinado unos $ 15.300 millones a las obras.
Contratación directa
El proyecto fue adjudicado mediante contratación directa, tras un cotejo de precios, a la unión transitoria de empresas conformada por Mercovial SA y Sabavisa SA. La primera etapa contó con un presupuesto inicial cercano a los $ 690 millones, que luego fue ampliándose a medida que avanzaban los trabajos y surgían nuevos requerimientos técnicos. Aún resta determinar el monto final que el Ejecutivo reclamará a la concesionaria, cuyo contrato vencería en el segundo semestre de este año.
Razones justificadas
Desde el Gobierno sostienen que, más allá de la disputa legal, la intervención se justificó por razones de seguridad pública y por la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua para la población y la actividad agrícola, tal como se argumentó en el DNU 1/8 de 2023.
A casi tres años de aquella decisión, el dique El Cadillal se encamina a retomar su nivel operativo máximo, en un escenario que combina definiciones técnicas, disputas judiciales y decisiones políticas.