Es en Buenos Aires. María Eugenia Vidal acordó con estatales 2% de aumento en diciembre, bono por 7.000 pesos para los activos, 3.500 pesos a los jubilados, y el compromiso de una suba salarial del 20% en todo el año próximo. No incluye a docentes y otros sectores sindicales, entre ellos los agrupados en la CTA opositora, aunque igual cobrarán el bono.
Con el cierre parcial de las paritarias bonaerense, el gobierno procura cierta garantía de paz social en momentos de estrecheces económicas y financieras. El estado es una parte de la eventual conflictividad.
El sector privado
En el sector privado el ajuste tiene una red menos elástica: en setiembre hubo 70.000 bajas de trabajadores en relación con igual período 2017. Y en los segmentos informales, aunque la retracción económica repercute en igual medida, la gobernadora se adelantó con programas de contención a través de refuerzos del Plan Vida, los comedores, las tarjetas para compra de alimentos y distribución de 300.000 canastas navideñas.
Tramita esa gobernabilidad con Caritas y otras entidades religiosas, como la Evangélica. También con organizaciones sociales. Un espacio relevante de los gremios respaldaron este miércoles con la firma del acuerdo salarial. Responden a la CGT regional con UPCN y Fegepba a la cabeza. A ellos ponderó Vidal porque, según su explicación, “priorizaron el diálogo y los aumentos por sobre las diferencias”.
Resulta en contraposición con el Frente de Unidad Docente, a quien el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, atribuyó intencionalidades políticas.
El funcionario, en este caso, afincó esa percepción en Roberto Baradel (Suteba). Villegas sostiene el cuestionamiento a partir de los dichos del sindicalista que habría trazado como objetivo “erradicar el neoliberalismo de las aulas”, cuando –insistiría el ministro- la función ciertamente es otra. Vidal ya había abandonado la conferencia, pero comparte la letra.
La polémica es en medio de apremios financieros. El ministro Hernán Lacunza (Economía), presente en la conferencia, intenta convencer a la oposición parlamentaria sobre la necesidad de integrar el ajuste por traspaso de subsidio al Transporte y servicios de Nación a Provincia. Aducen que los municipios deben sobrellevar parte de la carga (15.000 millones de pesos). Y, además, persuadirlos de habilitar 65.000 millones para Endeudamiento. El lunes comienza el debate en la Legislatura. Y el oficialismo teme un gambito político de los bloques peronistas, unidos en el rechazo.
fuente: clarín