La falta de aprobación del proyecto de enajenación del edificio de la ex Dirección de Tránsito y la pérdida de la mayoría automática en el Concejo Deliberante se sucedieron en simultáneo. El malestar con el concejal José María Franco, se potencia por la posible pérdida de injerencia en la conducción del cuerpo legislativo.
Una pesadilla lo despierta en medio de la noche. La sucesiva imagen del Concejo Deliberante en manos de sus opositores, es algo que pone al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, al borde de un ataque de nervios. Sin embargo, se trata de una medicina que él ya le aplicó a sus adversarios, cuando logró que el actual presidente del cuerpo legislativo capitalino, Javier Aybar, se pasara a las filas del “alfarismo” y dejara al bloque Tucumán Crece con las ganas de imponer al presidente del Concejo Deliberante.
Desde ese momento, que fue largamente celebrado por los partidarios del intendente, siempre que tuvo que definir algo importante, Alfaro supo imponer sus proyectos en el recinto de deliberaciones. El voto doble de desempate de Aybar era clave, porque los números siempre lo favorecían, dado que el interbloque del Acuerdo para el Bicentenario (ApB) contaba con nueve ediles, mientras que el bloque Tucumán Crece cuenta con siete concejales y el bussismo con dos. Pero ahora el panorama ha cambiado y el peligro de perder la conducción del Concejo está latente.
La salida del concejal José María Franco, quien conformó un bloque unipersonal, pone en riesgo la cantidad de votos necesarios para ratificar la continuidad de Aybar. La situación de tirantez se potenció cuando el intendente Alfaro decidió, curiosamente, realizar cambios en su gabinete. Los reemplazados, también curiosamente, fueron funcionarios relacionados con el concejal o con su padre, José Franco, quien es en la actualidad prosecretario Administrativo del Concejo Deliberante y fue un cercano colaborador de Alfaro desde 1991, además de desempeñarse como edil en dos períodos consecutivos entre 2007 y 2015. Los que fueron eyectados de sus sillones por la ira del intendente capitalino fueron el director de Defensa Civil, Oscar Terraza; el subdirector de Transporte, Marcelo Barrionuevo y el coordinador de las Cooperativas Argentina Trabaja, Alberto Paliza.
Pero la historia del desencuentro comenzó con la repentina vocación de Alfaro por defender el patrimonio arquitectónico de la ciudad que gobierno. Una actitud muy alejada de los tiempos en que era “alperovichista” y muchos ciudadanos marchaban por las calles para defender de la picota demoledora aquellos entrañables edificios que forman parte de la historia colectiva de los tucumanos.
De repente, la Casa Sucar, se transformó en una cuestión de Estado y se hermanó esa necesidad de preservarla con la de enajenar, como sea, el edificio en el que funcionó hasta hace algunos años la Dirección de Tránsito. La ubicación en calle Buenos Aires al 200, le da un valor inmobiliario único. Pero se quiso hacer creer que era el equivalente de la casa que se encuentra ubicada en la avenida Salta al 600 y en donde funcionara en su último momento de esplendor, la Fundación Lucci. Sin embargo, los ediles no tuvieron idéntico convencimiento sobre esta necesidad, al punto que comenzaron por solicitarle al Ejecutivo municipal que separara el pedido de expropiación o compra de la Casa Sucar, del de la venta de la ex Dirección de Tránsito. No era porque tuvieran nostalgia de aquellos trámites de licencias de conducir, engorrosos y hacinados, que realizaban muchos de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Quizás quisieron perjudicar algunos intereses, tanto políticos como empresariales, que se habían generado en torno a la enajenación de ese inmueble municipal, de excelente ubicación para un emprendimiento comercial.
El resultado no sólo fue la negativa de los ediles de Tucumán Crece y Fuerza Republicana, sino la ida de uno de los concejales que conforman el interbloque del ApB. No hubo muñeca en el titular de ese interbloque, Agustín Romano Norri, para prever este alejamiento, que puede darle más de un dolor de cabeza al alfarismo en su conjunto.
Una grieta de deslealtad que generó el propio “alfarismo”
La decisión de despedir a funcionarios cercanos a su mentor, José Franco, padre del concejal José María Franco, es tomada por el mundo político como un síntoma de deslealtad, que genera desconfianza aún en los propios socios del Acuerdo para el Bicentenario. Alfaro parece haber sufrido una amnesia parcial que le impide recordar que Franco lo rescató de su función de empleado del ex intendente Segio Scopel, recordado con amor por los empresarios del transporte que se beneficiaban con los aumentos de cospel que les garantizaba. De allí lo llevó a trabajar con él en la Mutual Policial, desde donde construyó su plataforma política que ahora lo tiene como corolario de su carrera en la intendencia capitalina. Con esta actitud el “alfarismo” generó una grieta que preocupa a propios y extraños, por la pérdida de la mayoría en el Concejo Deliberante y posiblemente de la presidencia. También sostienen que el alcance de este escándalo político también aflige a un empresario supermercadista y recientemente iniciado en la industria azucarera, quien ve como se aleja la posibilidad de adquirir el edificio de la ex Dirección de Tránsito Municipal.