Terminó la usurpación del lote de 130 hectáreas. El dolor de los que no tienen dónde vivir, las acusaciones a las “manzaneras” de la toma por manejos de las ollas populares y los vecinos que tienen vivienda e ingresaron al predio para conseguir el dinero prometido por el gobierno bonaerense para retirarse.

Mónica tiene el mismo color de la tierra arrasada que pisa. La misma mirada triste del charco que formó la lluvia. Los hombros caídos como el paisaje desolador que la rodea. Volvió después del desalojo de Guernica para llevarse sus últimas posesiones, lo poco que le va a quedar de lo poco que tenía. Un colchón, algo de ropa, unas ollas… Igual a casi nada. Si hasta uno de los dos caballos que tiran del carro de su marido, justo el que tiene cataratas, huyó despavorido por los disparos. Hay dos camionetas de Defensa Civil que colaboran con ella y otro ocupante que regresó. Los apuran para terminar. La toma de Guernica terminó a la madrugada. Pero el drama de esta mujer de 43 sigue su marcha. Quizás no termine nunca. “Hoy lloré mucho, una banda. Me duele todo esto”, le dice a Infobae mientras sube una manta al carro.

Desalojo y después

A las cinco de mañana, poco después que la luz de todo el barrio se cortara, 4.095 policías bonaerenses a las órdenes de Sergio Berni, muchos llegados en 27 micros de larga distancia cumplieron la orden del juez de Garantías número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo: desalojar la ocupación ilegal de 130 hectáreas ubicadas entre los barrios San Martín y Numancia, en el sur bonaerense. Una decisión inapelable, pero los ojos de Mónica también acusan una terrible realidad: el déficit habitacional de la Argentina es de 3.600.000 hogares.

Tiene 7 hijos

La mujer es delgada como las ramas que sostienen los plásticos de muchas de las improvisadas chozas que nos rodean, y señala un punto a unos 30 metros. “Ahí estaba yo, donde está el palo de luz, en la esquina. Era mi terrenito”. Mónica tiene siete hijos, cinco mayores y “dos que vinieron conmigo acá: Alejo de 13 y More de 11”. Antes de este hogar frustrado, al que se aferró con desesperación por más que sabía que tenía las de perder, su casa era un rincón debajo del puente bajo la autopista que une el Puente Pueyrredón con la 9 de Julio, sobre la avenida Garay en el barrio porteño de Constitución.

“Nunca tuve un hogar. A mi me tuvo mi mamá, me trajo a los ocho meses y de ahí me las arreglé como pude. Pero no me drogo, el único vicio es el cigarrillo. Estuve 8 años en situación de calle. Mi marido estaba privado de su libertad. Fue mucho tiempo, y la pasé muy mal. Por no dejar que toquen a mis hijos, fui abusada por personas que estaban en mi misma situación… La vida me golpea y me golpea. Estoy triste, no tengo ganas de nada. ¿Si tengo sueños? Si, tener mi casa. Pero me parece que voy a vivir toda mi vida con ilusiones, porque nunca se me hacen realidad”, parece que se rinde.

60 días en la toma

Llegó a Guernica hace dos meses, después de una operación que le hicieron en el Hospital Argerich. “Tengo 25 puntos, me sacaron una costilla por un tumor que tenía pegado”. A la toma la vio en la tele, dice. “Había ido a un bar donde me dejan bañar a mis hijos, porque aunque estemos en la calle quiero que estén limpios. Vi que había un lugar y vine”. Tampoco la pasó demasiado bien, y acusa duramente a quienes dirigieron la toma. “Hace tres días que no como, porque acá las organizaciones son un desastre, llevaban la comida para afuera. No quiero saber nada con ellos. No me dieron nada, ni botas, ni piloto. Cuando llovió se nos mojó todo. Nunca vinieron a ver si necesitábamos algo. Estuvimos a pulmón, los cuatro. Nadie nos dió una mano”.

-¿No les daban nada de comida?

-Acá hacían comida, pero cuando ibas a buscar decían que no quedaba más. La de al lado de mi casa era la manzanera, la delegada. Y nunca me avisaba… La otra vuelta bajaron un montón de verdura, y los mismos que trabajaban con ellos se la llevaron para la calle. Se quedaban con bidones de agua. Y no me dieron ni una cebolla. Igual no quiero nada de ella. Mirá lo que le pasó: la agarraron tres mujeres a la salida de acá y le pegaron porque se quedaba con la mercadería de la gente. Por mala le pasó… Acá la gente tiene hambre de verdad”.

A su lado, Alejandro Bordón, un muchacho de 26 años, también se empeña en cargar una de las camionetas de Defensa Civil. Acomoda como puede un triciclo y un muñeco de sus hijos, una sartén y unas tarteras que hacen equilibrio sobre una madera, un colchón… “Desde el 20 de julio estoy acá. Hace 8 meses que salí en libertad, y me fui a vivir a lo de mi cuñado. Pero tuve una disputa con él, pintó lo de la toma y vine a agarrar un terreno. Y ahora estoy llevándome las pocas cosas que me quedan”.

Muchos vivos

Aseguran que “acá cerca vivió uno que tiene una casa de dos plantas, que cobró lo que les dieron y se la llevó… Es que muchos estaban en la toma durante el día y a la noche se iban a dormir a la casa”.

e refería a una de las últimas cartas que jugó el gobierno provincial para desactivar la toma, que involucró -estimaron- 1.400 familias y 4.417 personas. En un acta de 12 puntos que el ministro de Desarrollo para la Comunidad Andrés Larroque llevó a los referentes de la usurpación, sostenía que, además del subsidio de 50 mil pesos mensuales, “se ponen a disposición dispositivos de transición abiertos —uno de los cuales tiene una dimensión de aproximadamente cinco (5) hectáreas y que en total poseen una superficie cercana a las 11 (once) hectáreas y media–, situados en el partido de Presidente Perón y destinados al alojamiento transitorio de las familias reubicadas. A su vez, se proporcionan 2 (dos) dispositivos cubiertos para el hospedaje de las personas en situación de especial vulnerabilidad. En los espacios receptores para alojamiento temporal se garantizarán servicios sanitarios, así como provisión de luz, agua potable, alimentos y una posta sanitaria”. Según Larroque, el 80 por ciento de las familias aceptó ese trato. Quedaban entre “150 y 200 familias”. Pero en el momento en que trascendió el monto del subsidio, mucha gente ingresó al predio ocupado. Quizás por eso el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni -sector que copó políticamente la toma- dijo que en realidad, quedaban 1000 personas. Finalmente, los sectores más radicalizados de la usurpación no aceptaron. El compás de espera propuesto por el gobierno se cumplió el miércoles 28. Sin solución, el juez determinó el desalojo. Y se llevó a cabo.

fuente: infobae

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