Un hombre de 54 años, encargado de una pensión de jóvenes promesas futbolistas, fue detenido por la Policía Federal. Está sospechado de haber acosado sexualmente a un adolescente de 15 años y se cree que hizo lo mismo con otros chicos provenientes de provincias como Tucumán, Formosa, Santa Cruz y Río Negro.
Según la investigación, el imputado, además, ejercía una serie de duros castigos sobre los chicos que vivían en la residencia ubicada en Gonzalo Catán, Partido de La Matanza. Por eso, investigan si hay otras posibles víctimas de abuso.
Fuentes del caso indicaron a Infobae que la detención del sospechoso se produjo en una pensión para chicos futbolistas de entre 14 y 17 años, provenientes de las provincias de Tucumán, Formosa, Santa Cruz y Río Negro.
La investigación está en manos de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de la Matanza, a cargo del fiscal Luis Brogna, junto a las ayudantes fiscales Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez.
En la causa se estableció que el encargado del lugar presuntamente acosaba sexualmente al chico mediante el uso de internet, un delito tipificado como grooming.
En ese sentido, las fuentes señalaron que los adolescentes alojados en la pensión se encuentran fichados y se entrenan en clubes reconocidos, como Deportivo Laferrere, Ferro Carril Oeste, Club Atlético Ituzaingó y Huracán.
Es por eso que las autoridades están llevando adelante entrevistas a cada uno de los menores, con el objetivo de garantizar su protección, recabar información relevante para la causa y descartar otros posibles casos de abuso sexual.
El sometimiento de los chicos
Las fuentes de la investigación, además, revelaron una serie de duros castigos y reglas extorsivas que aparentemente ejercía el acusado sobre los menores que vivían en la residencias.
Según dijeron, además del acoso sexual virtual, el imputado implementaba un rígido sistema de “multas” económicas a los adolescentes.
Por ejemplo, les cobraba dinero en efectivo si no llegaban puntuales a las comidas, si no cumplían tareas de limpieza después de los entrenamientos e, incluso, por solicitar frazadas para mitigar el frío.
Las fuentes detallaron que si los jóvenes dormían juntos por bajas temperaturas, se penalizaba con el cobro de una nueva multa.
Además, el uso de agua caliente fuera del horario fijado (de 16 a 20) también se cobraba aparte; de lo contrario, debían bañarse con agua fría.
Las familias, de condición trabajadora y con recursos económicos limitados, debían abonar, además de una cuota mensual por el alojamiento para asegurar el sueño profesional de sus hijos, estos pagos adicionales que muchas veces resultaban difíciles de afrontar.
Tras la intervención judicial y el desalojo de la pensión, los clubes deportivos afectados se articularon para dar respuesta inmediata a los adolescentes.
El Club Deportivo Laferrere, que no cuenta con residencia propia, acondicionó temporalmente un espacio en su polideportivo para alojar tanto a menores como a mayores de edad que quedaron sin lugar donde quedarse luego del allanamiento.
Es que, de acuerdo con lo que explicaron, en la residencia también vivían algunos chicos que ya habían cumplido los 18 años.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró dispositivos electrónicos y documentación que será analizada por equipos especializados en delitos sexuales e informáticos, como parte de la investigación que permanece en curso.
En este punto, el Ministerio Público subrayó “su compromiso en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, e instó a la comunidad a “denunciar cualquier situación de abuso o acoso”.
Por pronto, el sospechoso de 54 años fue indagado por el delito de grooming, pero se negó declarar, agregaron las fuentes consultadas
En ese sentido, las fuentes señalaron que los adolescentes alojados en la pensión se encuentran fichados y se entrenan en clubes reconocidos, como Deportivo Laferrere, Ferro Carril Oeste, Club Atlético Ituzaingó y Huracán.
Es por eso que las autoridades están llevando adelante entrevistas a cada uno de los menores, con el objetivo de garantizar su protección, recabar información relevante para la causa y descartar otros posibles casos de abuso sexual.
El sometimiento de los chicos
Las fuentes de la investigación, además, revelaron una serie de duros castigos y reglas extorsivas que aparentemente ejercía el acusado sobre los menores que vivían en la residencias.
Según dijeron, además del acoso sexual virtual, el imputado implementaba un rígido sistema de “multas” económicas a los adolescentes.
Por ejemplo, les cobraba dinero en efectivo si no llegaban puntuales a las comidas, si no cumplían tareas de limpieza después de los entrenamientos e, incluso, por solicitar frazadas para mitigar el frío.
Las fuentes detallaron que si los jóvenes dormían juntos por bajas temperaturas, se penalizaba con el cobro de una nueva multa.
Además, el uso de agua caliente fuera del horario fijado (de 16 a 20) también se cobraba aparte; de lo contrario, debían bañarse con agua fría.
Las familias, de condición trabajadora y con recursos económicos limitados, debían abonar, además de una cuota mensual por el alojamiento para asegurar el sueño profesional de sus hijos, estos pagos adicionales que muchas veces resultaban difíciles de afrontar.
Tras la intervención judicial y el desalojo de la pensión, los clubes deportivos afectados se articularon para dar respuesta inmediata a los adolescentes.
El Club Deportivo Laferrere, que no cuenta con residencia propia, acondicionó temporalmente un espacio en su polideportivo para alojar tanto a menores como a mayores de edad que quedaron sin lugar donde quedarse luego del allanamiento.
Es que, de acuerdo con lo que explicaron, en la residencia también vivían algunos chicos que ya habían cumplido los 18 años.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró dispositivos electrónicos y documentación que será analizada por equipos especializados en delitos sexuales e informáticos, como parte de la investigación que permanece en curso.
En este punto, el Ministerio Público subrayó “su compromiso en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, e instó a la comunidad a “denunciar cualquier situación de abuso o acoso”.
Por pronto, el sospechoso de 54 años fue indagado por el delito de grooming, pero se negó declarar, agregaron las fuentes consultadas.
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