La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez sumó un nuevo capítulo judicial con dos resoluciones que impactan directamente en la situación de la empleada judicial Justina Gordillo, imputada por encubrimiento. Una jueza de Impugnación confirmó la prisión preventiva que ya pesaba sobre ella y, durante la audiencia, el fiscal Pedro Gallo reveló un nuevo elemento que, a su criterio, podría agravar su cuadro procesal.
Un encuentro sexual grupal
Según la hipótesis del Ministerio Público, el martes 6 de enero la víctima se dirigió a la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa, en Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena, para participar de un encuentro sexual grupal. A esa casa también habrían asistido Gordillo y dos hombres que aún no fueron identificados. En la madrugada del miércoles 7, Álvarez fue asesinada a golpes y, horas después, su cuerpo fue abandonado en un descampado de Manantial Sur, donde fue encontrado el jueves 8.
Una semana más tarde, Sosa fue detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde permanecía oculto. Al momento de su arresto llevaba su pasaporte y los investigadores sospechan que estaba por abandonar el país. Tras ser trasladado a Tucumán, fue imputado por homicidio simple y se le dictó prisión preventiva por seis meses.
Registros fílmicos
En paralelo, personal de la División Homicidios —bajo la coordinación de los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal— analizó registros fílmicos y reunió indicios que, según trascendió, permitirían sostener que Gordillo no estuvo presente al momento del homicidio. No obstante, por pedido de Gallo, fue acusada de haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, en la desaparición del teléfono celular de la víctima y en la fuga de Sosa.
El juez Bernardo L’Erario Babot le impuso tres meses de prisión preventiva. En esa audiencia, la mujer manifestó que ya no era pareja de Sosa.
No al arresto domiciliario
La defensa, ejercida por María Florencia Abdala y Camilo Atim, impugnó la medida cautelar y solicitó la libertad o, en subsidio, el arresto domiciliario. Argumentaron que no estaban debidamente acreditados los riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación ni de un eventual acuerdo con otros sospechosos aún no identificados.
El fiscal Gallo y el querellante Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, se opusieron. Finalmente, la jueza de Impugnación Jimena Suárez resolvió confirmar la prisión preventiva al considerar que la defensa no aportó fundamentos suficientes para modificar la decisión.
Un poder a favor de Gordillo
Durante esa audiencia, el fiscal introdujo un dato que no había sido mencionado hasta entonces: el 9 de enero, en una escribanía de Yerba Buena, Sosa firmó un poder a favor de Gordillo. Según explicó, el documento la habilitaba a administrar sus empresas —una de limpieza y dos de seguridad—, retirar dinero de cuentas bancarias y acceder a cajas de seguridad.
El trámite se habría realizado un día antes de que Sosa viajara a Buenos Aires. La cuestión no fue debatida en profundidad porque la jueza Suárez entendió que no correspondía tratarla en esa instancia. Allegados a la imputada señalaron que ese poder habría sido otorgado antes del homicidio.
Tras la confirmación de la medida cautelar, y conforme a lo dispuesto en la resolución, Gordillo fue trasladada desde la base de Homicidios al penal de Delfín Gallo, donde continuará detenida mientras avanza la investigación.