Con la presión de la reapertura de los Tribunales y las deudas impositivas acumuladas por centenares de miles de empresas en el marco de la crisis económica, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para suspender, hasta el 31 de marzo de 2021, los plazos de la ley de Concursos y Quiebras.
La medida tuvo el apoyo de los dos principales bloques legislativos, con 250 votos a favor y sólo dos abstenciones, lo que motivó el agradecimiento del titular de la Cámara, Sergio Massa, y sería aprobada la semana próxima por el Senado, en lo que algunos consideran “una bocanada de aire fresco” ante un pronóstico que, a priori, preveía un “tsunami” de pedidos de quiebras, concursos y juicios ejecutivos que hasta ahora, en verdad, no se materializó.
Suspenden quiebras y concursos de acreedores
La nueva norma suspende todos los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia. Asimismo, la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen.
Un aspecto importante es que se extiende a 180 días el “período de exclusividad” que tiene un deudor, una vez abierto su concurso y verificadas las deudas con sus acreedores, para proponer y eventualmente alcanzar acuerdos con éstos, de modo de tener un plazo suficiente para reencauzar su negocio, pagar en determinados plazos las obligaciones acordadas y así evitar la quiebra.
Hasta el próximo otoño
En caso de aprobarse, la ley declarará hasta el 31 de marzo próximo la “emergencia de todas las personas jurídicas y humanas alcanzadas por la ley de Concursos y Quiebras que se encuentren a la fecha que entre en vigor la nueva ley en trámite y extenderá ese beneficio a los nuevos concursos preventivos que se presenten hasta esa fecha. Además, delega en el juez del concurso la readecuación de los plazos del proceso concursal en trámite.
Adicionalmente, la medida suspenderá desde su entrada en vigencia los procesos de ejecución de garantías financieras respecto de fiadores, avalistas y codeudores, las subastas judiciales y extrajudiciales (incluidas prendarias e hipotecarias), la prescripción y caducidad de créditos (de modo de evitar que los acreedores terminen perdiendo derechos por el paso del tiempo) y los embargos sobre cuentas bancarias, salvo para pago de créditos laborales y obligaciones alimentarias.
Obligaciones alimentarias
El texto aprobado se basó en una propuesta del diputado oficialista bonaerense Carlos Selva (uno de los primeros legisladores que se contagió de coronavirus) e incorporó sugerencias, como la del diputado mendocino José Ramón, uno de los legislares “bisagra” de la Cámara Baja, que excluyó de la suspensión los pagos por obligaciones alimentarias.
Ampliación de la moratoria
En cuanto a la Moratoria, antes de que Diputados se dispusiera a tratarla, el titular de la Comisión de Presupuestos en Diputados, Carlos Heller, cuyo “Partido Solidario” forma parte del “Frente de Todos”, adelantó que finalmente comprenderá deudas previsionales, impositivas y aduaneras hasta el 31 de julio (un mes más que el texto previo, que fijaba el plazo en el 30 de junio) y comprenderá a bancos y telefónicas, excluidos del proyecto inicial, que apuntaba básicamente a las empresas Pyme.
“Esta moratoria es para que las empresas que están en actividad puedan sobrevivir y los que todavía no han vuelto a tomar su actividad tengan un horizonte más claro”, dijo Heller, quien también anticipó que se estableció un beneficio para los contribuyentes “cumplidores”, como plantearon legisladores de oposición, y también se incluyó el pedido de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos de sumar a las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro.
fuente: infobae