“Buscamos defender los intereses de los argentinos”, dijo el mandatario provincial Gustavo Sáenz, en sintonía con la reforma migratoria anunciada por el gobierno de Javier Milei
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció este lunes que su gestión iniciará una revisión de los planes sociales otorgados por la ANSES a ciudadanos extranjeros que no residan en Salta.
La medida, que fue comunicada a través de las redes oficiales del gobierno provincial, se enmarca en una serie de acciones que, según el mandatario, buscan “defender los intereses de los argentinos”, en sintonía a la reforma migratoria anunciada por el gobierno de Javier Milei.
“Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”, expresó Sáenz, y señaló que el Gobierno nacional “está trabajando en esa línea” y que su administración está “colaborando con todo lo necesario para que eso sea posible”.
El mensaje fue rápidamente respaldado por el presidente Javier Milei, quien lo compartió en sus redes sociales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también manifestó su apoyo a la iniciativa en el marco de la reforma migratoria que impulsa el Ejecutivo nacional.
Sáenz celebró esa reforma y afirmó que desde su provincia la vienen reclamando “desde que asumí como gobernador, por ser una provincia con pasos internacionales”.
En esa línea, consideró que las medidas impulsadas por el Gobierno representan “un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos”.
La provincia de Salta limita con Bolivia y Paraguay, y cuenta con pasos fronterizos de alta circulación, como Salvador Mazza y Aguas Blancas, donde se registra un intenso flujo migratorio y comercial.
En reiteradas oportunidades, las autoridades provinciales expresaron su preocupación por el uso de servicios sociales por parte de personas que no residen de manera permanente en el país.
La medida de Sáenz se suma a una serie de anuncios recientes del Ejecutivo nacional en materia de control migratorio, que incluyen la agilización de procesos de expulsión para personas con antecedentes penales y una revisión de las normativas de residencia.
Entre las reformas, se estableció que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, manifestando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos.
A su vez, se reforzó el control sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se endurecieron las sanciones para aquellos que ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.
Como parte de las reformas vinculadas a educación superior, el decreto indica que las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.
Entre los puntos centrales de la reforma, se definió la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que tendrá como objetivo fomentar la inversión extranjera en el país a través de la concesión de la ciudadanía a aquellos que realicen inversiones significativas. Esta medida busca atraer capitales extranjeros y generar empleo, contribuyendo al crecimiento económico de Argentina.