Un día después de que la intendente, Rossana Chahla, recibiera a los directivos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), esta entidad decide disminuir las frecuencias en los servicios del transporte de pasajeros que se brindan a los ciudadanos capitalinos. Esta medida, que según algunos empresarios puede llegar a afectar al 70% de la prestación de un servicio normal, no fue informada oficialmente a la Municipalidad, señalan en el edificio de 9 de Julio y Lavalle.
Tampoco el gremio de UTA ha sido interiorizado sobre los efectos de las suspensiones de personal que conlleva tal decisión. En la Casa de Gobierno, a su vez, informó que ayer se distribuyeron unos $ 1.100 millones en subsidios a las empresas prestatarias del servicio, con los que se abonarán los salarios a los choferes, según la propuesta inicial.
“Atento a que Aetat ha expresado públicamente su voluntad de llevar a cabo una medida consistente en la disminución o reducción del servicio público de transporte de pasajeros en el ámbito municipal, ponemos en conocimiento que no avalamos tal decisión unilateral y arbitraria que perjudica al ciudadano y de efectuarse esa acción”, indicó el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva. La medida ha causado sorpresa en la intendencia.
Nieva ha señalado, además que, “conforme lo establece la Ordenanza 400/79 en sus artículos 16, 22 y concordantes”, la Secretaría a su cargo “procederá a constatar el incumplimiento en la prestación del servicio esencial de transporte público y a sancionar dicho incumplimiento con las sanciones contempladas en los artículos antes mencionados”.
La ordenanza de referencia señala, entre otros puntos, que “las concesionarias o prestatarias del servicio no podrán reducir en ningún caso, sin previa autorización del Departamento Ejecutivo, el número de unidades en circulación, acortar los recorridos, paralizar los servicios o introducir variantes que desvirtúen los fines de la concesión”.
La misma normativa municipal advierte que, de no tratarse de un caso de fuerza mayor, la Municipalidad podrá adoptar sanciones o multar a las empresas prestatarias, medidas estas que, además, pueden llegar hasta la incautación de las unidades afectadas al servicio”. Esta no es la primera vez que la Municipalidad capitalina alerta a los empresarios sobre una decisión que afecta a los vecinos de la comuna. Durante la gestión anterior, conducida por Germán Alfaro, la intendencia se había amparado en la ordenanza 400/79 para advertir a algunas empresas concesionarias del servicio de transporte de pasajeros que habían decidido disminuir las frecuencias sin comunicación previa a las autoridades.
fuente: lagaceta