La provisión de agua potable a la población de San Miguel de Tucumán siempre fue un gran desafío tanto para gobernantes como empresarios. Las dificultades geográficas y el alto costo de implementación del servicio posibilitaron que sólo unas pocas propuestas lleguen a ser consideradas por los funcionarios.
Un poco de historia
Hacia fines de la década del ’80 del siglo XIX, las planificaciones comenzaron a llegar a los órganos políticos para que se pueda efectuar un análisis sobre las posibles redes de distribución de agua para la ciudad Capital.
Una de esas propuestas fue la que presentó Lauro Esteves en 1.888, con el objetivo de convencer a los políticos de la época para que le otorguen la concesión del servicio.
La iniciativa contaba con varios artículos, entre los cuáles se destacaban aquellos que hacían referencia a las responsabilidades del gobierno.
Las responsabilidades del Gobierno
En relación a las responsabilidades del Gobierno, el contrato establecía que el Estado asumía el rol de controlar el servicio por medio de la designación de uno o más inspectores y además podía determinar el cese de funciones de la empresa, siempre y cuando cumpla con el pago de un 25% más del capital invertido inicialmente por la compañía.
Entre las principales características, la propuesta establecía utilizar caños de fierro fundido para la red, suministrar agua utilizando filtros adecuados, colocar bocas de incendio y surtidores para expender agua al público. Además, la concesión establecía el uso ilimitado de las aguas del río Salí, de las Sierras y otras corrientes puntuales de la provincia.
El plan de Esteves tuvo buena aceptación, pero no llegó a concretarse debido a las cláusulas que el contrato establecía.
Continuará…
Comments
Comentarios
