Esta singular decisión fue tomada por el juez Guillermo Matías Puig, a cargo del Juzgado Correccional Conclusional del Centro Judicial Capital, cuando aceptó el pedido de suspensión de juicio a prueba deducido por el imputado del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, en contexto de violencia de género. La audiencia se llevó delante de forma virtual el pasado 15 de diciembre, en el marco del Expte. N° 57203/2019. Del acto participaron las partes y sus representantes, acompañados por personal de la Casa de la Mujer “Norma Nassif” y del Ministerio de la Mujer.
Al disponerla suspensión del juicio a prueba por un plazo de tres años, el juez –después de escuchar a la víctima y con su expresa conformidad– impuso al Sr. Miguel Antonio Martín, una serie de reglas de conducta. Entre ellas, se destacan: la prohibición de ingresar, transitar y permanecer en la provincia de Santa Fe, donde reside actualmente la víctima, y la realización de un tratamiento psicológico en el Observatorio de las Mujeres y Violencias por razones de género y de tareas comunitarias durante los tres años que dura la suspensión.
Asimismo, debe fijar domicilio y no cambiarlo sin previa autorización del juzgado; comparecer mensualmente ante el Patronato de Internos y Liberados; la prohibición de acercamiento a un radio de 300 metros de la víctima y su grupo familiar, como así también de sus domicilios; abstenerse de realizar actos de turbación, perturbación o intimidación contra cualquiera de ellos, y la colocación de un dispositivo electrónico de control dual (conocido como tobillera electrónica) para asegurar el cumplimiento de estos actos. Se destaca en este caso que la prohibición de acercamiento y actos turbatorios fue dispuesta en relación al núcleo familiar de la víctima y también a las personas que prestaron su testimonio en la causa.
Por último, el imputado tuvo que entregar su carnet de usuario legítimo de armas y evitar tener y/o portar armas de cualquier tipo.