La situación procesal de Justina Gordillo, imputada por encubrimiento en el crimen de Érika Antonella Álvarez, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras un fallo que reactivó la posibilidad de que recupere la libertad o, en su defecto, cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Audiencia reciente
El giro se produjo a partir de una audiencia reciente en la que sus defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim, cuestionaron la decisión previa del juez Bernardo L’Erario Babot, quien había rechazado esos pedidos. Los abogados sostuvieron que, con el avance de la investigación, surgieron elementos que alteraban sustancialmente la situación de la acusada.
Entre los argumentos presentados, señalaron que los presuntos coautores del homicidio, que se desplazaban en un Chevrolet Corsa, serían vecinos, lo que —según su planteo— modifica el contexto en el que se la vincula a Gordillo.
También hicieron hincapié en una supuesta coartada: de acuerdo con registros incorporados al expediente, el cuerpo de la víctima habría sido abandonado el 7 de enero a las 11.40, momento en el que la imputada se encontraba desempeñando sus tareas laborales.
No hay ocultamiento de pruebas
A su vez, los defensores remarcaron que no existen elementos que la vinculen con el ocultamiento de la camioneta, otro de los puntos clave de la investigación.
En su resolución inicial, el juez L’Erario Babot desestimó estos planteos al considerar que las cuestiones expuestas debían ser analizadas en un eventual juicio oral. Sin embargo, al revisar el caso, la jueza María Jimena Suárez adoptó una postura distinta y falló a favor de la defensa, pese a la oposición tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella representada por Carlos Garmendia.
Re-evaluar la situación
Como consecuencia de esta decisión, se dispuso la realización de una nueva audiencia para re evaluar la situación procesal de Gordillo. El debate fue fijado para el martes próximo, en una instancia que podría resultar determinante para definir si continúa detenida o accede a un régimen menos restrictivo.
El escenario, no obstante, volvió a tensarse en la antesala de esa audiencia. El lunes, el fiscal Pedro Gallo decidió agravar la imputación en su contra. Según la nueva hipótesis, la acusada habría intervenido en los hechos con la intención de obtener un beneficio económico tanto para ella como para su pareja en ese momento, Felipe “El Militar” Sosa.
Polémica en curso
Así, entre planteos defensivos que buscan debilitar su rol en la causa y una acusación fiscal que se endurece, el futuro inmediato de Gordillo queda atado a una nueva instancia judicial que promete redefinir su situación en uno de los casos más sensibles de la agenda penal tucumana.