El jueves hubo una importante reunión en la Casa de Gobierno para tratar de encontrar una solución a la crisis carcelaria. Después de fracasar en el intento de despoblar las comisarías de detenidos, un representante del Servicio Penitenciario pidió la palabra. “Necesito que nos colaboren con una gestión. Necesitamos que un banco ponga un cajero automático en la zona para que los reos puedan utilizarlo”, señaló, palabras más, palabras menos.
Los presentes, que no podían salir de su asombro por el planteo, le respondieron casi al unísono: “¿para qué quieren un cajero allí?” El representante del sistema carcelario les respondió: “los detenidos lo necesitan para terminar de hacer los trámites para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia… Bueno, pero también lo podrán utilizar el personal y los vecinos…”
Fuerte discusión
Allí se desató una fuerte discusión que generó enojo de los otros representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial que participaron del cónclave. El rechazo, que fue inmediato, dejó al descubierto que al menos 14 condenados accedieron al beneficio, pero serían muchos más.
La jueza de Ejecución Alicia Merched solicitó un informe para determinar quiénes eran los presos que habían accedido al IFE. Le pasaron un listado integrado por 14 reos. Estos son algunos de la lista:
– Raúl “El Turco” Fadel: en 2014 había sido condenado a 14 años de prisión por el crimen del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo.
– Andrés Alejandro González: sentenciado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón.
– Tomás Alejandro Ceballos: está purgando prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, por el que también fue condenado Miguel “Piki” Orellana, hermano de los caudillos políticos de Famaillá.
Pedidos para ir a cobrar
Según fuentes judiciales, a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) llegaron pedidos para que se permitiera salir del penal a internos para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).
“Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, explicó la jueza. “Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”, agregó.
La novedad se produjo días después de que se revelaran algunos detalles sobre el tráfico de drogas en el penal y cómo un grupo de guardiacárceles estaría involucrado en la venta de productos prohibidos, como celulares y bebidas alcohólicas, que se comercializan dentro de los muros del penal de Villa Urquiza.
Comunicación con el ANSES
La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, se comunicó con el gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, para ponerlo al tanto de la situación. Entre ambos acordaron tomar las medidas necesarias con las que evitarían que los condenados cobren el IFE.
“Ellos no están contemplados en el pago de este beneficio”, explicó el funcionario. “Cualquier persona puede ingresar y cargar los datos. Después se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones. No existe un entrecruzamiento de información con la Justicia”, reconoció.
El funcionario destacó: “una cosa es que se otorgue el IFE y otra que se efectivice el pago. Por eso es importante que se haya decidido impedir la instalación del cajero. La Justicia tiene la responsabilidad de autorizar la salida del reo para cumplimentar el trámite”.
Presentaciones para que les quiten el beneficio
Hace un poco más de una semana, el subsecretario de Seguridad José Ardiles había anunciado que realizarían presentaciones en la Anses para que se les quitara el IFE a 11 de las 16 “mecheras” que habían sido aprehendidas. Al analizar sus antecedentes, se descubrió que habían percibido los $10.000. “Para cumplir con esa idea es necesario una resolución judicial porque la Anses no puede tomar esa decisión de manera unilateral”, concluyó Salim.
En todas las comisarías de la provincia hay más de 980 detenidos entre penados y procesados que deberían estar en los diferentes penales tucumanos. Se había ideado un plan para que se los enviara, después de realizar la cuarentena en un centro de alojamiento instalado en el “Nuevo Roca”. Por allí ya pasaron 35 reos que el viernes fueron trasladados a las diferentes unidades carcelarias.
Se esperaba que a partir de la próxima semana otros 50 arrestados comiencen con el mismo procedimiento. Pero el Servicio Penitenciario informó que sólo tenían 20 plazas. Por ello, ese será el número de arrestados que ingresarán al sistema carcelario y quedarán más de 950 en las comisarías.
fuente: lagaceta