Un fiscal pidió la declaración indagatoria de los actores Pablo Echarri, Pepe Soriano, Martín Seefeld, Jorge Marrale, Osvaldo Santoro y el abogado Sebastián Bloj -todos miembros de la directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI)- por tener sospechas razonables de haber cometido estos integrantes el delito penal de administración fraudulenta de los fondos de la entidad pertenecientes a sus socios.
Si la jueza Karina Marina Zucconi, a cargo de la causa, hiciera lugar al pedido del fiscal, debería citar a los directivos de SAGAI al banquillo de los acusados. Podrían enfrentar -de ser encontrados culpables- penas que van desde los seis meses a cuatro años de prisión.
El fiscal César Augusto Troncoso rubricó un dictamen en el que expone cómo SAGAI, ante una demanda entablada contra la señal satelital DirecTV -que se oponía a pagar las regalías que la ley de derechos de autor le reserva a los actores por una cuestión de jurisdicción-, había ganado en primera instancia y cómo la justicia había dictado un embargo hipermillonario sobre las cuentas en diferentes bancos contra la empresa.
El embargo, que tenía carácter efectivo, se haría por $354.143.956 más $107.000.000 por intereses. Un total de $454 millones que beneficiarían en el pago de regalías a los actores. Sin embargo, un acuerdo extrajudicial entre SAGAI y DirecTV devino en que la entidad aceptara rebajar el monto que la justicia había determinado a una tercera parte: la compañía pagaría 111 millones de pesos. Además, el acuerdo impediría que cualquier socio de SAGAI accionara contra DirecTV. Sebastián Bloj -director ejecutivo de SAGAI y a la vez abogado de la entidad- cobró un cheque por $21 millones en concepto de honorarios por sus gestiones para llegar a ese acuerdo.
Haciendo lugar a la demanda interpuesta por Mario Galvano -socio de SAGAI con el carnet 513- que pedía a la justicia que investigue a la comisión directiva de la entidad, el fiscal Troncoso le dijo a la jueza Zucconi que según su criterio, Soriano, Marrale, Santoro, Seefeld, Echarri y Bloj “deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta por haber adoptado una decisión patrimonial en nombre de SAGAI perjudicando los intereses de sus socios sin que estos puedan haber votado y decidir en asamblea cuál era la decisión que mejor se adecuaba a sus intereses”.
“Había una sentencia en primera instancia que planteaba un embargo millonario y, sin consultar con los socios, la comisión directiva acordó una suma cuatro veces inferior -dice a Infobae Nicolás Ramírez, abogado de Galvano-. La Comisión Directiva había realizado anteriormente Asambleas Extraordinarias de SAGAI para que sus socios aceptaran o no una donación a la obra social de actores por un millón de pesos, por ejemplo. Otra Asamblea Extraordinaria fue llamada para que se aceptara liquidar una hipoteca sobre el edificio de la entidad por cuatro millones de pesos. Otra Asamblea Extraordinaria fue llamada para que se aprobara una dieta para los miembros de la directiva. ¿Y no se llamó a una Asamblea Extraordinaria para que los socios decidieran si querían condonar más de 300 millones de pesos a DirecTV?”.
–Bloj cobró honorarios por 21 millones como abogado por ese acuerdo; sin embargo, afirmó que no resulta incompatible con su función como director de SAGAI.
–Una cosa es que no haya una incompatibilidad legal, pero otra es que exista una incompatibilidad entre cierta función con el cargo que se tiene. Si una función puede generar un perjuicio a la entidad que se dirige, existe claramente una incompatibilidad.
–¿Cuáles son los pasos que la justicia debe seguir?
–Ahora la justicia debe decidir si hace lugar al pedido del fiscal. Si lo hace, luego tendrá diez días procesales hábiles para resolver si dicta el procesamiento de los miembros de la directiva. Y hay elementos para que eso suceda.
“En principio interpuse la demanda por una necesidad personal con que se ejerza la verdad y la justicia, y luego se trató de defender los intereses de los trabajadores y, principalmente, sus familias -explica Mario Galvano-. El punto central es que los derechos de interpretación son un bien herencial, por lo tanto más allá de lo que haga un actor, la administración correcta de esos bienes hace a los intereses de las familias de los actores, de sus hijos”.
–Usted pidió a la justicia que investigue a SAGAI por el acuerdo con DirecTV.
–Fue un acuerdo espurio el que hicieron, fue contra los intereses de los actores. La justicia va a determinar si hubo corrupción o no, si corresponden los honorarios que cobró Bloj como abogado o si eso fue parte de la paga por el acuerdo, va a determinar si hubo administración fraudulenta, pero ante mi sospecha lo correcto era llevar este proceso y dejar que la justicia investigue. Llama la atención que para aprobar un aporte a la obra social de los actores se convocó a una asamblea extraordinaria y el monto a aprobar era un millón de pesos. En el caso del acuerdo millonario con DirecTV y la quita de más de trescientos millones de pesos no hubo ninguna asamblea sino que lo resolvió a puertas cerradas la comisión directiva. Es muy extraño.
–La directiva de SAGAI dice que el acuerdo fue aprobado en la Asamblea General de socios.
–No. Se aprobó a libro cerrado la gestión de la directiva. No se puso a debate el tema en particular, incluso luego de que los hechos estuvieran consumados.
“En la Asamblea General me negaron que la resolución de la justicia respecto a DirecTV fuera por esos $460 millones -dice el actor Héctor Bidonde-. Decían que aceptaron porque había posibilidades de perderlo todo, pero no mencionaban que había un embargo efectivo por esa suma a la compañía. DirecTV chocho de la vida. La Asamblea fue muy accidentada. Luego de que terminara Pepe Soriano llamó a todos y les dijo, ante mis requerimientos: ‘¿Acaso alguno conoce si este señor llenó alguna vez alguna sala?”. Como si para tener voz en SAGAI hubiera que ser una estrella. Remite al voto calificado”.
–¿Está de acuerdo con el pedido de indagatoria que hace el fiscal?
–La justicia tiene que investigar hasta el final. Una rebaja tan grande para una deuda millonaria hubiera ameritado una asamblea extraordinaria, no sólo para que los socios aprueben, sino para que conocieran el mecanismo de tal acuerdo. Pero no hay democracia interna. Fue una decisión a puertas cerradas.
“El fiscal basa su dictamen en que la decisión sobre el acuerdo con DirecTV lo debía tomar la Asamblea Extraordinaria y no la comisión directiva: en eso basa la imputación -dice Cristián Cúneo Libarona, abogado de SAGAI-. No hay ningún tipo de dolo, en todo caso, con esa caracterización, debía haber habido una demanda del tipo comercial, jamás penal. Además, la directiva de SAGAI se basó en un dictamen de Germán Gutiérrez, director de Argentores, otra entidad de recaudación, pero de autores, que el fiscal ni cita. Lo más importante es que no pudo haber delito porque ninguno se enriqueció. La decisión fue tomada porque en la segunda instancia se podría haber perdido el juicio y de ese fallo negativo se podrían haber agarrado otras empresas. Acá no hubo ningún delito, el fiscal está equivocado”.
Infobae se comunicó con Martín Seefeld para consultarlo sobre el tema. Pidió que lo llamaran más tarde, pero no volvió a atender.
El drama de los actores tendrá una resolución en un escenario sin público, es decir, Tribunales.