Enrique Senestrari, fiscal federal de Córdoba, está en el centro de la escena política y judicial por haber deseado que “caigan” los presidentes de Brasil y Argentina, Michel Temer y Mauricio Macri, respectivamente.
Ante esto, fue primero el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sánez, quien aseguró que Gils Carbó debe ordenar “un jury de enjuiciamiento” y ahora el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, realizó una presentación ante la procuradora general de la Nación para que “se instruya el pertinente sumario y se adopten las medidas que tan gravísima conducta imponen”.
En el escrito, Lipera sostuvo: “Más allá de la opinión que pueda merecer su gestión para lo cual la ciudadanía cuenta con los mecanismos legales habilitados, es inaceptable que se proponga públicamente que un presidente de la Constitución ‘caiga’, ya que se trata de un medio de renovación de autoridades ajeno a la ley fundamental y que se relaciona directamente con los atentados al orden democrático que sufrió nuestro país”.
Al respecto, agregó: “La situación resulta especialmente grave cuando se trata de un fiscal federal que debiera perseguir penalmente esa clase de conductas y debe comportarse como guardián de la legalidad”.
En sintonía, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “absoluto rechazo” a las expresiones de Senestrari: “Resultan inadmisibles en el marco de la convivencia propia del régimen democrático y especialmente repelentes de la institucionalidad que, por excelencia, debe guardar con celo un fiscal de la Nación”.
Y sentenciaron que son declaraciones que “se encuentran meridianamente separadas de las funciones de garantía, de legalidad y de custodia de los intereses generales de la sociedad que conforman el cometido central del Ministerio Público Fiscal”.
Por último, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación sostuvo en un comunicado “que las diferencias, disputas u opiniones temerarias de índole política merecen un espacio en la comunidad que excede la función que cumplimenta un Fiscal”.
“De allí que, tan criticables son las expresiones de ese sentido cuando se dirigen por parte de los otros poderes del estado a entorpecer el normal funcionamiento del estamento Judicial y del Ministerio Público en particular; como las vertidas por los Magistrados de quienes se espera por el cargo que desempeñan, una mayor dosis de prudencia en sus declaraciones, máxime al referirse a la permanencia de un gobierno elegido democráticamente”, concluyó el comunicado.
Fuente: Infobae