La nueva versión del antes llamado Pacto Social entre el gobierno provincial de Tucumán y los municipios ya tiene nombre: se denominará “Acuerdo Fiscal Municipal”y se comenzará a aplicar desde el primer día de febrero, se encargó de especificar el propio gobernador Osvaldo Jaldo.
Se trata de un nuevo esquema de asistencia a las municipalidades del interior, que a diferencia de los mecanismos anteriores, se centrará en la ayuda financiera para solventar lo demandado por la planilla salarial de cada jurisdicción y dejando afuera las obras públicas, actividades culturales y deportivas.
“En el marco de crisis que vivimos y con las pautas de austeridad que hemos dado a conocer desde el primer día que asumimos, ahora le decimos a los intendentes que deben hacer un mayor esfuerzo recaudatorio y bajar los gastos para llegar a la autonomía”, sostuvo mandatario, para quien la idea es que, en los próxinos seis meses, cada intendente exponga ante la Casa de Gobierno sus iniciativas para recortar los gastos y mejorar los ingresos.
El Pacto Social vio la luz 12 de enero de 2000, cuando el entonces gobernador Julio Miranda con su ministro de Economía, José Alperovich, firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 37/3, mediante el cual el Poder Ejecutivo se comprometía a enviar a los municipios los dineros necesarios para asegurar el pago de los sueldos a los empleados municipales.
Básicamente, esa premisa durante la administración de Jaldo se mantendrá, pero con algunas condiciones que están siendo estudiadas por los ministros del Interior, Darío Monteros, y de Economía y Producción, Daniel Abad.
Ambos encabezarán una serie de encuentros para dotar de un marco jurídico y financiero al nuevo acuerdo fiscal municipal.
Uno de los puntos que genera más inquietud es el pago de la histórica deuda de las intendencias, que en la actualidad, roza los $ 100.000 millones.
Una de las alternativas que se analiza es refinanciar esos pasivos de las Municipalidades del interior a 20 años, con uno de gracia, tal como hizo el ex gobernador Juan Manzur con la intendencia capitalina durante la administración del líder del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro.
Para que eso sea viable, el Poder Ejecutivo deberá conformar una comisión de estudio que determine el monto de las obligaciones contraídas por las intendencias, integrado en principio por un representante de la Secretaría de Hacienda de la Provincia, otro de la Secretaría de Municipios y Comunas Rurales y también por cada secretario de Hacienda de las municipalidades en mora.
La inquietud pasa por el futuro de las obras públicas, que con la decisión del presidente Javier Milei de no girar más recursos que lo acordado por las transferencias de coparticipación federal, encuentra a la Provincia sin margen para ayudar a los municipios a encarar un plan de trabajos públicos.
Jaldoya señaló en más de una oportunidad que esas obras se harán de acuerdo con la disponibilidad de fondos con que cuente la Provincia en su Presupuesto. Esta semana, por caso, el mandatario supervisará algunas inversiones que se ejecutan en comunas rurales.
La autonomía financiera, en este escenario, no es una meta de corto plazo. Más aún, hay varios intendentes que se acercaron por la Dirección General de Catastro a solicitar las nuevas valuaciones fiscales para incrementar no sólo el padrón de contribuyentes, sino también aplicar un reajuste en las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI).
Por el lado del gasto, varios jefes municipales se dejan oír afirmando que no hay demasiado margen para el ajuste, ya que se emplea cada centavo para mantener los servicios básicos que demanda cada ciudad, a lo que se suma el escaso margen de que disponen para ajustar la planta de empleados, sin que se desaten problemas sociales.