Actualidad / Opinión. Por Nicasio Rodríguez. Las amenazas de bombas en los colegios y escuelas de Tucumán desnudan una falta de conciencia y de responsabilidad por parte de un sector del alumnado provincial. La solución pasa por las investigaciones y su judicialización.
¡Saquen una hoja!
La simple frase que anuncia el inicio de una evaluación es el disparador de las falsas amenazas de bomba, que se han dado sistemáticamente en las últimas semanas en establecimientos educativos de nuestra provincia.
El problema no es en sí la necesidad de evaluar que tienen los distintos espacios de asignaturas que cursan nuestros jóvenes, sino la indolencia con la que los alumnos realizan este tipo de acciones, sin percatarse del movimiento y gasto que causan al Estado.
Ello se potencia aún más, cuando los recursos humanos y materiales para atender cualquier emergencia, se destinan a situaciones apócrifas, que pueden perjudicar la resolución de hechos reales que afectan a integrantes de la comunidad.
Todos a la plaza
Según lo establece el protocolo, la totalidad de las comunidades educativas deben desalojar el edificio y dirigirse a espacios públicos abiertos, con lo que las plazas han sido el lugar de refugio, en donde los padres de alumnos los retiraban.
Se vivieron momentos de angustia y tensión entre el alumnado, en especial los más pequeños, porque hay que tener en cuenta que fueron afectados los chicos de la primaria, en tanto que la suspensión de actividades alcanza al turno siguiente.
En algunos establecimientos educativos se han detectado a los autores de las mencionadas bromas y se han tomado las medidas del caso, con sanciones y hasta se les entregaron los respectivos pases a algunos alumnos de colegios privados.
La solución
La preocupación expresada en los distintos actores de la comunidad, no sólo de los relacionados al sistema educativo, ha conseguido que se agilicen las investigaciones con el uso de la tecnología que permita detectar de dónde salieron las llamadas.
Una de esas falsas amenazas ha salido del celular de un progenitor, utilizado por su hijo, lo que ha iniciado la causa judicial correspondiente. Los padres son responsables de los menores que tienen a su cuidado y sus acciones.
La solución pasa por profundizar estas causas y que los gastos que hayan originado sean respondidos con los recursos y bienes de las familias involucradas. La conciencia muchas veces se despierta con penalidades que duelen en el órgano más sensible: el bolsillo.
Caer con todo el peso de la ley
Respecto de este problema, el propio gobernador Juan Manzur señaló que se están siguiendo pistas firmes para dar con los autores de las amenazas de bomba falsas en los colegios y escuelas de nuestra provincia.
Sostuvo además que las áreas de delitos telemáticos e informáticos se encuentran trabajando en la detección de los celulares o computadoras de donde salieron las amenazas a los establecimientos educativos.
Lo importante, en definitiva, es que esos avances cuajen en causas judiciales con contundentes condenas, además de multiplicar las acciones de debate y reflexión en las propias escuelas, con el acompañamiento y compromiso de las familias.
*Columnista de Política y Actualidad.