El caso salió a la luz y generó un escándalo tanto en la Policía tucumana como en la Justicia, ya que para muchos, se trata de una consecuencia más de la crisis carcelaria y un grave síntoma de lo que está pasando en las comisarías de la provincia.
Todo se supo tras la declaración de una joven que quedó embarazada estando detenida y, para evitar que tal situación trascendiera, nunca recibió atención médica a pesar de que faltan pocas semanas para que de a luz al bebé.
Todo comenzó el 12 de noviembre de 2021, cuando Carlos Antonio Guzmán salió de su casa con $ 2 millones que había recibido como indemnización, para adquirir dos hectáreas de tierra en Río Colorado.
A los dos días después, el hombre fue hallado sin vida en un predio de esa localidad de Famaillá, con un disparo en la cabeza.
Poco después fue detenido y acusado del crimen Leonardo Gonzalo Argañaraz (33), a quien la fiscal Mónica García de Targa acusó de homicidio agravado requiriendo el dictado de una prisión preventiva que aún está cumpliendo.
Pero en la audiencia de formulación de cargos, pidió la palabra la hija de la víctima, Paula Verónica Guzmán, quien dijo que “la situación había llegado a un punto límite. Estoy segura de que si no lo mataba, él me mataría”, confesando haber pagado para que asesinaran a su padre.
“Fue por el infierno que viví durante mucho tiempo. Ya no aguantaba más”, reveló la joven al borde de las lágrimas el 5 de diciembre de 2021.
“Desde los 11 años que él abusaba de mí. Todos estos años guardé silencio porque tenía miedo de que no me creyeran. Desde esa fecha hasta los últimos días de su vida él me atacó”, aseguró.
“Apenas si me dejó terminar la primaria. Quería seguir estudiando, pero no me dejó. Él quería que fuera suya, por eso no quería que me relacionara con nadie. Y todo eso generó en mi interior un odio en contra de él. Ya no aguantaba más. Tenía miedo de que me matara”, afirmó.
Tras la confesión, la fiscal ordenó su aprehensión y luego se realizó una audiencia en su contra, en la que le dictaron prisión preventiva, medida que también está cumpliendo.
El juicio contra los dos acusados está próximo a realizarse.
La seccional 1ª es considerada la dependencia policial más importante de la provincia, no sólo porque abarca todo el microcentro tucumano, sino porque sus hombres deben custodiar lo que suceda, nada menos que en la zona de la Casa de Gobierno.
El personal que presta servicios allí, debe lidiar todos los días con las protestas, y también es una de las comisarías que mayor cantidad de detenidos puede albergar, con una particularidad: allí son recluidos hombres y mujeres, en calabozos diferentes.
La acusada, al no haber lugar para detenidas en el sur de la provincia, fue trasladada hace varios meses a esa dependencia.
Días atrás, al acercarse la fecha del inicio del juicio en su contra, la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís decidió entrevistarla. Cuando la vio, descubrió que estaba gestando el octavo mes de embarazo y que esa situación no había sido informada.
Al indagar, las autoridades descubrieron que no había sido autorizada a recibir encuentros íntimos. Según trascendió, la detenida le habría informado a su defensora que a una joven trans, por falta de espacio, la alojaron en su celda.
Contó además que ella era la persona que le daba drogas (psicofármacos y marihuana), que también comercializaba entre los otros detenidos en esa dependencia.
Ferreyra Asís tomó cartas en el asunto. El primer paso fue pedir autorización para que la joven sea revisada por los profesionales de la Maternidad. El juez Mario Velázquez, ante la gravedad del caso, firmó el oficio a las tres de la mañana.
En el centro asistencial, le detectaron una infección urinaria, pero confirmaron que su estado de salud, como el del niño que estaba gestando, era bueno.
La defensora oficial, que se negó a hacer declaraciones a la prensa, no realizó denuncia, aunque labró un acta como constancia sobre la situación de su asistida y, según se supo, envió copias al juez interviniente del caso y al Ministerio Público Fiscal para que estuvieran al tanto de la situación.
En los últimos días, la defensora solicitó que a Guzmán se le otorgue el arresto domiciliario con custodia policial, medida que cumplirá hasta que sea enjuiciada y cumpla parte de la condena que le podrían dictar.
Eso ocurrirá porque la Cárcel de Mujeres no está preparada para albergar mujeres embarazadas y, mucho menos, para que las detenidas puedan permanecer alojadas con su hijo.
El MPF también está analizando el caso. En principio, la joven habría declarado que no fue abusada. Sí estarían analizando el supuesto tráfico de drogas en el penal y si los policías cometieron algún tipo de irregularidad.
Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que ya iniciaron actuaciones administrativas para definir qué es lo que sucedió.
fuente: contexto