El procurador general de esta provincia, Alejandro Gullé, afirmó que a raíz de la pandemia “nadie puede manifestarse en espacios públicos” y aclaró que “no se trata de un problema ideológico”.
La Justicia de Mendoza busca identificar a las personas que participaron del último banderazo masivo en defensa de la Constitución y para reclamar el respeto a las instituciones, el 9 de julio pasado, para iniciar así una causa en su contra por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Investigación de oficio
Se trata de una investigación de oficio que se inició luego de la protesta y que recayó en la fiscal Gabriela García Cobos, quien este viernes por la noche se encontraba revisando las cámaras de seguridad de la zona y buscando testigos para dar con los más de 300 manifestantes que acudieron ese día a la peatonal de la capital mendocina.
Una vez que sean localizados, muchos de ellos podrán quedar imputados por incumplir el artículo 205 del Código Penal de la Nación, el cual establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Barbijo y tapabocas
“Hemos pedidos las cámaras de seguridad del lugar y a testigos para poder identificarlos, porque muchos de ellos estaban con barbijos y con la cara tapada, y no podemos acusarlos si no sabemos quiénes son. Pero estamos dispuestos a imputarlos porque lo que hicieron está prohibido por la ley”, explicó el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, en diálogo con Infobae.
El funcionario precisó que la Justicia “actuó de oficio” basándose en el Decreto provincial N° 700/20 y sus posteriores modificaciones, el cual “regula los encuentros familiares y con amigos” a nivel local durante la pandemia y “en uno de los apartados aclara que quedan prohibidas todo tipo de reuniones en los espacios públicos”.
En este sentido, el procurador destacó que no existe “ningún motivo para no imputar” a las personas que participaron del banderazo y aseguró que este “no es un problema ideológico”, sino que la investigación comenzó porque se violaron las normativas vigentes.
fuente: infobae