El malestar de buena parte de la ciudadanía quedó reflejado en la plataforma change.org, donde una iniciativa para solicitarle al Poder Judicial que desista de la idea de liberar reclusos tuvo muchas adhesiones: en poco más de dos días, la petición superó las 470 mil firmas y fue una de las solicitudes con mayor crecimiento del sitio.
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En tanto, distintas organizaciones hicieron conocer su repudio. El Observatorio de Víctimas de Delitos repudió “la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto”. El colectivo Actrices Argentinas rechazó la posibilidad de que, en el marco de la pandemia de coronavirus, se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por “femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género”.
El repudio también se hizo escuchar en defensores de derechos humanos, como la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, a raíz del otorgamiento de la prisión domiciliaria a un condenado por crímenes de lesa humanidad. ““Que les den lavandina y limpien su calabozo. Si los tienen bien aislados no tienen por qué bajarles la condena”, sostuvo en relación a la prisión domiciliaria en favor de Carlos Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
A su turno, la Cámara Federal de Casación Penal recomendó, a través de una acordada, considerar medidas alternativas al encierro para los presos como parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la pandemia.