Dieciséis municipios de Tucumán firmaron acuerdos fiscales con el Poder Ejecutivo provincial durante el primer semestre del año. De ese total, 11 distritos decidieron ceder completamente su coparticipación para que el Gobierno provincial asuma el pago de gastos clave, principalmente la planilla salarial, mientras que otros 5 optaron por un esquema de asistencia financiera para cubrir eventuales déficit.
Las autoridades provinciales confirmaron que los montos de estos convenios se mantienen sin modificaciones respecto de los valores establecidos el año pasado, a pesar de la aceleración inflacionaria. Según fuentes oficiales, la decisión responde a las limitaciones financieras que enfrenta la administración provincial.
Caída de la coparticipación
El contexto económico se volvió más complejo por varios factores simultáneos. Entre ellos, la caída de los fondos coparticipables provenientes de la Nación —que significó para Tucumán unos $ 44.000 millones menos en el primer bimestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025— y la disminución de la recaudación local. A ese escenario se suman la presión inflacionaria y las incertidumbres derivadas de la coyuntura internacional.
El gobernador Osvaldo Jaldo dejó en claro esa limitación al momento de cerrar las paritarias con parte del sector docente. “Es imposible ofrecer un peso más, porque no lo tenemos y porque no vamos a ofrecer nada que no podamos pagar en la planilla de sueldo”, expresó el mandatario, un criterio que también se aplicó en las negociaciones con los municipios.
En el Boletín Oficial
A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, los acuerdos no estuvieron acompañados por actos públicos ni fotografías oficiales junto a los intendentes. La formalización de los convenios quedó registrada en el Boletín Oficial a fines de febrero.
Allí se informó que el 28 de enero el Ministerio de Economía y Producción emitió los decretos N° 113/3 y N° 114/3, mediante los cuales se autorizó al Ejecutivo a firmar los acuerdos fiscales municipales.
En el esquema de Asistencia Fiscal Municipal se incluyeron las ciudades de Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena. En estos casos, las administraciones locales cedieron la totalidad de los recursos que reciben por coparticipación para que la Provincia gestione el pago de gastos esenciales.
Esquema de auxilio económico
En paralelo, el denominado Acuerdo Fiscal de Asistencia Financiera fue suscripto por los municipios de Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas. Este mecanismo prevé un esquema de auxilio económico para cubrir eventuales desequilibrios en las finanzas municipales.
Quedaron fuera de estos convenios sólo tres jurisdicciones: San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacu, que no participan actualmente de ningún esquema de asistencia fiscal provincial.
Los montos específicos de los acuerdos no fueron difundidos públicamente. Las negociaciones fueron encabezadas por los ministros Daniel Abad, titular de Economía y Producción, y Darío Monteros, ministro del Interior, en coordinación con los intendentes de cada municipio.
A ajustar las cuentas
Desde algunas administraciones municipales de la sección oeste señalaron que el escenario presupuestario para los próximos seis meses se proyecta con una reducción estimada de entre el 12% y el 15% respecto de los niveles de 2025. Ese contexto obligará a los gobiernos locales a ajustar sus cuentas de manera permanente.
El Acuerdo Fiscal Municipal establece además una serie de compromisos que los municipios deben cumplir durante la vigencia del convenio, fijada en seis meses. Entre ellos, se incluye la prohibición de tomar créditos con organismos nacionales o internacionales, la obligación de coordinar y mejorar los sistemas de recaudación tributaria y la reducción del gasto total.
También se establece que las administraciones locales no podrán incrementar sus plantillas salariales y deberán abstenerse de iniciar acciones judiciales contra la Provincia, además de desistir de demandas previas que pudieran existir.
Asistencia reintegrables
Las asistencias otorgadas por la Provincia tienen carácter reintegrable y se garantizan mediante la afectación de la totalidad de los recursos que corresponden a los municipios en concepto de Coparticipación Federal —regulada por la Ley N° 6.316— y del Fondo de Desarrollo del Interior, previsto en la Ley N° 6.650.
En contraste con este esquema, el municipio de Concepción decidió abandonar el Acuerdo Fiscal Municipal en 2024. Su intendente, Alejandro Molinuevo, sostuvo que esa decisión permitió mejorar la situación financiera de la ciudad.
Según el jefe municipal, desde que el distrito dejó de participar del pacto fiscal, los recursos recibidos se incrementaron significativamente. “Estamos bien. Somos autónomos y no tenemos que rogarle nada a nadie”, afirmó.
Nueva Ley de Coparticipación
Molinuevo también expresó que la situación podría mejorar aún más si prospera la demanda judicial impulsada por el municipio para que la Legislatura avance en la elaboración de una nueva ley de coparticipación provincial. A su entender, la normativa vigente se encuentra desactualizada y genera una distribución de recursos que considera injusta.
En un contexto económico marcado por la caída de ingresos y la presión inflacionaria, el esquema de acuerdos fiscales vuelve a poner en evidencia la delicada relación entre las finanzas provinciales y municipales, obligando a los gobiernos locales a reordenar sus presupuestos mientras esperan una recuperación de los recursos.