Un tratamiento odontológico para un directivo, el colegio de los hijos de varios más, los impuestos personales de distintos hombres del gremio, compras en vinotecas por cifras astronómicas y hasta el service de autos particulares que no pertenecían a la Fundación El Futbolista son algunos de los gastos insólitos que la jueza María Servini dio por probados de la cúpula de Agremiados con la plata del Fútbol para Todos.
Y en base a eso y a otra catarata de pruebas fue que ayer procesó a Sergio Marchi, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone y Raúl Pagano por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y lucro indebido, delitos que contemplan hasta seis años de prisión. Y les trabó embargo por diez millones de pesos per cápita más la retención de 2,2 millones de dólares que había en dos cajas de seguridad.
En las 200 fojas que componen el fallo hay material de ribetes insólitos y otros altamente preocupantes no solo por la actitud de los gremialistas, sino también por la de los funcionarios de la administración anterior de la Unidad de Información Financiera que, como en otros casos resonantes que salpicaban al gobierno, obviaron tres reportes de alerta sospechosa que generó el Banco Santander Río sobre la cuenta de la Fundación El Futbolista, cuando los montos de las operaciones no coincidían con el patrimonio declarado.
Para dar una idea de la magnitud del cambio de estatus financiero que obtuvo la Fundación, hasta el año 2009 su patrimonio ascendía a 11.500.000 pesos. Seis años después, se había multiplicado por nueve hasta sumar 101.000.000.
De ahí se desprenden los plazos fijos por 57 millones de pesos, los tres millones en cuenta corriente, los 2,2 millones de dólares encontrados en dos cajas de seguridad y la compra de un inmueble en Bernardo de Irigoyen 948/50 de tasación fiscal 1.040.000 dólares pero que a valor de mercado valdría el doble y que también quedó embargado. Como si fuera poco, parte de los dólares fueron adquiridos cuando estaba en plena vigencia el cepo cambiario.
¿Cómo lo descubrió la jueza? Siguió la ruta de los billetes y por su numeración supo que habían ingresado al país el 23 de mayo de 2012 en el vuelo AA 955/22 de American Airlines. El cepo había entrado en vigencia siete meses antes: el 28 de octubre de 2011. Así, Servini extrajo testimonio y pidió que se investigue en la Justicia penal económica a los directivos del gremio por infracción a la ley cambiaria.
El crecimiento del patrimonio de la Fundación tuvo que ver con la triangulación del 2% del ingreso del contrato de AFA con el Gobierno. Hasta 2009, Agremiados tenía un convenio con Trisa, la empresa que comercializaba el fútbol. Pero tras el comienzo de Fútbol para Todos, ese vínculo desapareció y se reemplazó por uno directo con AFA, violando según la Justicia el contrato de asociación con el Gobierno que establecía que todo el dinero debía ir para los clubes. Por eso también están procesados varios directivos del fútbol, con el ex mandatario Luis Segura a la cabeza, y ex funcionarios de la administración kirchnerista, entre ellos el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
En lo que duró ese vínculo, la Fundación de Agremiados recibió 98.838.875 pesos. Con ese dinero debía, según su estatuto, mejorar las oportunidades laborales de los jugadores y familiares. Darles una capacitación y ayudarlos a terminar sus estudios primarios, secundarios y universitarios. Para la jueza no solo esto no se cumplió, sino que hubo un festival de gastos superfluos: compraron cuatro vehículos, un inmueble millonario, se pagaban gastos de los directivos y empleados que nada tenían que ver con sus funciones (hasta facturas de internet particulares) y vacaciones all inclusive.
Hay cuentas en vinotecas por 70.000 pesos, gastos en la costa atlántica sin que allí hubiera equipos de pretemporada, services de autos Honda y Chevy de los directivos, entre otras irregularidades. Agremiados dice que todo lo hicieron por sus afiliados. La jueza, para alegría de la AFA que tiene a Marchi entre ceja y ceja, no les creyó y los embargó.
Ahora será cuestión de que defina la Cámara. Si sostiene lo resuelto por la jueza, Chiqui Tapia y Daniel Angelici, con el visto bueno de Mauricio Macri, tienen decidido jugar a fondo y hacer que otra persona esté en el lugar de Marchi desde el próximo año. Alguien más ligado a sus intereses. Porque el fútbol sigue siendo, mal que les pese a muchos, un tema de Estado.